La inspección fiscal realizada por el Concello de Vilagarcía a las grandes empresas de telecomunicaciones y de servicios ha permitido engrosar las arcas municipales con 241.735 euros. En los seis meses que duró la investigación se abrieron un total de veintiún expedientes, de los que tres se correspondían con empresas que no estaban pagando la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento del suelo, subuselo o vuelo de las vías o del domino público. Las sanciones impuestas a estas tres compañías y las correcciones del canon aplicadas a otras son las que han permitido recaudar esos más de 240.000 euros, un dinero que se destinará a políticas sociales, de creación de empleo y fomento de la economía local, "de forma que beneficien al conjunto de los vilagarianos y, especialmente, a los más desfavorecidos", explica un portavoz de Ravella.
La inspección, llevada a cabo por la Concejalía de Hacienda de Lus Abalo, se puso en marcha el pasado mes de octubre "siguiendo el principio de justicia tributaria". El objetivo era garantizar que estas compañías estaban pagando correctamente la tasa municipal que deben abonar en función de su facturación anual. Se analizó el período comprendido entre 2011 y 2014, incluidos también estos dos años. Esta etapa estaba sin revisar ya que la anterior investigación a las grandes compañías por parte del Concello se remonta al mandato de Dolores García y había afectado a los años entre 2007 y 2010.
El concepto por el que se aplica esta tasa a las compañías es la "utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas o de dominio público local", y la cantidad a abonar es del 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la liquidación anual de cada firma. Afecta alas distribuidoras y comercializadoras de electricidad, gas, teléfono e internet por redes fijas que operan en Vilagarcía.
Con investigaciones como esta el gobierno socialistsa de Vilagarcía quiere que "todo el mundo, tanto ciudadanos como personas jurídicas, contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos, siempre en función de su capacidad económica". Así pues, "el deber de la administración es poner los medios necesarios para que también contribuyan los más pudientes, en este caso las grandes compañías energéticas y de telecomunicaciones que operan en el municipio haciendo un uso privativo del dominio público y que cobran por sus servicios a los ciudadanos", incide un portavoz del Concello.
