El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra ha desestimado la demanda de la Unión Temporal de Empresas Estévez Container Orensanos-Soil Recovery, contra el Concello de Cambados por la que le reclamaba 8.617.309 euros en concepto de indemnización por las deficiencias que presentaba el concurso de adjudicación de la plataforma inversa de Sete Pías. La sentencia evita que el Concello de Cambados acabe en bancarrota, ya que no tendría capacidad económica para hacer frente al pago de la indemnización, tal y como reconocía ayer el edil de Facenda, Xurxo Charlín.

El propio Charlín recordaba ayer que el proceso que ha acabado en los juzgados arrancaba en el año 2007, cuando el Ipespo, a través de una encomienda de gestión realizada por el Concello de Cambados, destinaba 4,5 millones de euros para la construcción de una nave en Sete Pías destinada a convertirse en un centro de reciclaje. Tras su construcción, no exenta de avatares, se sacó la gestión a concurso en un pliego de adjudicación que "marcaba una línea de inversión de 600.000 euros y un canon de 12.000". El concurso quedó desierto, pero la sorpresa del actual grupo de gobierno viene cuando se vuelve a sacar otra vez a concurso pero, esta vez, con "una línea de inversión de 900.000 euros y 60.000 euros de canon, es decir, un precio mucho más abultado que el inicial, algo incomprensible".

Ahí es donde aparece la UTE que ha denunciado al Concello, al ser la única empresa que se presentó al concurso, poniendo la nave en funcionamiento en 2011. Durante tres años, el Concello no le facturó nada, pero a principios de 2014, cuando expiró el convenio con el Ipespo, cursó una liquidación a la empresa por el uso de la nave de 218.000 euros, recibiendo, prácticamente de forma inmediata, una renuncia a la concesión y la interposición de un contencioso administrativo en el que la empresa alegaba que "no pagó la liquidación porque en las bases del concurso existían unas previsiones de ingresos que nunca se llegaron a cumplir ni de lejos, ya que en los tres años que gestionó la nave, solo alcanzaron el 4% del global previsto", a lo que hay que sumar que el Concello de Cambados mantuvo el Punto Limpo abierto, lo que les generó una competencia desleal. La sentencia descarta ambos perjuicios al considerar que en el mercado del reciclaje no hubo una "situación anormal que perjudicase a la empresa", por lo que entiende que no existe base para reclamar esos ocho millones de euros. A ello se añade que la empresa no cumplió el acuerdo de inversión de un millón de euros al que se comprometió para hacer funcionar la recogida selectiva de basura. La sentencia es recurrible.

Charlín no duda en cargar tintas contra el anterior gobierno de Cambados al censurar que "una nave que ha costado cuatro millones de euros no haya generado, a día de hoy, ningún ingreso; esto demuestra que el modelo de gestión de los fondos europeos que existía carecía de planificación".

El Concello de Cambados también mantiene abierto un litigio con la empresa, a la que le reclama los 218.000 euros que le adeuda por la liquidación del canon, un juicio que se celebrará el próximo mes de mayo.