La pérdida de una subvención acentuó el enfado de Mexillón de Galicia con Mar

El presidente del Consello Regulador se mostró muy crítico con la conselleira -Entre las razones, una sentencia del TSXG que rechaza un pago de 325.000 euros a los bateeiros

13.03.2016 | 03:12
Francisco Alcalde, Rosa Quintana y Juan Maneiro, en una reunión entre el pleno del Consello Regulador y la Consellería do Mar. // Iñaki Abella

El Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida (DOP) Mexillón de Galicia mantiene un indudable distanciamiento con la Consellería do Mar, agravado en los últimos meses. Su presidente, el rianxeiro Francisco Alcalde, es uno de los dirigentes más críticos con la conselleira Rosa Quintana y el secretario general, Juan Carlos Maneiro.

Las malas relaciones entre ellos no son nuevas, pero parecen haber empeorado considerablemente a lo largo del último año, y sobre todo desde que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó una sentencia contraria a los intereses del Consello Regulador según la cual este órgano queda sin opciones de percibir una ayuda de casi 326.000 euros.

La pérdida de esta subvención, unida a la realización de una demoledora auditoría hace unos años impulsada por la propia Administración o los problemas detectados con el reglamento de la Denominación de Origen, son solo algunas de las razones de crispación del Consello Regulador, cuyo presidente se convirtió más recientemente en uno de los principales detractores de la Lei de Acuicultura de Galicia y de la propia Consellería, formando parte del movimiento creado para convocar la manifestación del 27-F, exigir la retirada de aquel articulado y pedir la dimisión de Rosa Quintana y Juan Maneiro.

Para entender mejor lo sucedido, y antes de detallar las características de la sentencia dictada por el TSXG para dejar al Consello sin los 325.000 euros que reclamaba, hay que explicar que la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos del gobierno bipartito de la Xunta (PSOE-BNG) firmó el 9 de marzo de 2009, siendo conselleira la socialista Carmen Gallego, dos convenios de colaboración con Mexillón de Galicia que sumaban 2.140.000 euros.

En concreto se le concedían 1,4 millones de euros "para la promoción del mejillón certificado con la Denominación de Origen Protegida", y 740.000 euros más para "adquisición de los medios necesarios para abordar con fiabilidad el servicio de emisión de documentos de registro de moluscos bivalvos vivos y de transmisión telemática de los datos para el control de la trazabilidad".

Aquellas aportaciones económicas fueron firmadas ocho días después de las elecciones autonómicas de 2009, y por tanto aún con puño y letra de la exconselleira Carmen Gallego, que actuaba en funciones.

Pues bien, después de tomar posesión el gobierno del PP y convertirse Rosa Quintana en conselleira do Mar, el Consello Regulador do Mexillón de Galicia quiso cobrar facturas en base a los convenios firmados. Y cobró, al menos una parte.

Pero la actual Xunta entendió que Mexillón de Galicia no había justificado correctamente algunos de los recibos, e incluso observó que diversas acciones se habrían ejecutado fuera del plazo contemplado en convenio.

Convenio de 740.000

Dicho de otro modo, el Consello Regulador, con sede en el edificio Mexillón de Galicia (Vilagarcía) quería cobrar por desembolsos que no se habían hecho según las condiciones establecidas en los convenios firmados, a juzgar por lo argumentado desde la consellería en el proceso judicial.

Fue así como el departamento que dirige Rosa Quintana se negó a pagar 325.000 de los 740.000 euros comprometidos por el gobierno anterior para acciones de trazabilidad del producto, alegando siempre que los plazos y justificantes no eran válidos.

Condena en costas

Ese recorte de la ayuda es lo que llevó al Consello Regulador Mexillón de Galicia a enfrentarse a Mar, para lo cual recurrió a la vía judicial.

Tras el largo proceso vivido en los tribunales el año pasado se dictó la sentencia del TSXG que da la razón a la Consellería do Mar y no solo impide que se paguen esos 325.000 euros al Consello, sino que lo condena en costas, hasta un máximo de 1.500 euros.

Fundamentos de derecho

En realidad lo que pedía el órgano rector de la DOP en ese proceso judicial era que se condenara a la Xunta de Galicia a abonarle "325.829,68 euros pendientes de pago, más los intereses y las costas procesales".

Pero en los fundamentos de derecho expuestos en la sentencia, la sección segunda de la Sala del Contencioso Administrativo del TSXG argumenta que "la obligación de contribución con una cantidad presupuestada no implica la obligación de pago por inversiones anteriores o posteriores al convenio, no comprendidas en el objeto del mismo o sin justificante".

Así las cosas, al desestimar el recurso presentado en su día por la entidad que preside Francisco Alcalde, el TSXG le dice claramente que "la obligación de contribución con 740.000 euros -el importe del convenio del bipartito para la trazabilidad- no supone obligación de pago de esos 740.000 euros".

Por el contrario, "el Consello Regulador do Mexillón está obligado a emplear la cantidad presupuestada en las acciones derivadas del objeto del convenio sin obtener beneficio económico de la consignación presupuestaria", concluye el alto tribunal.

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