El salón de actos de la cofradía de Cambados fue escenario ayer de una muy tensa asamblea, en la que la junta general del pósito dio su versión sobre el caso de los tres lonjeros despedidos en septiembre pasado, y que se reincorporarán a sus puestos mañana lunes, después de que un juzgado anulase las expulsiones.

El equipo de gobierno de la cofradía mantiene su hoja de ruta, que pasa por recurrir dicha resolución judicial ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La junta general desea despedir a los tres operarios, pues la confianza en ellos "se ha roto completamente", en palabras del abogado que asiste al pósito, Alberto Muñoz.

La asamblea reunió a unas 200 personas, que abarrotaron el salón de actos. En la mesa presidencial estaban los miembros de la junta general, y tras una breve presentación del patrón mayor, Ruperto Costa, tomó la palabra el letrado. Éste explicó el caso y dio su interpretación de la sentencia del Juzgado de lo Social de Pontevedra, que según él es "jurídicamente discutible, contradictoria e ininteligible".

Pero la reunión se iba desarrollando con dificultades. Testigos presenciales afirman que eran constantes las interrupciones y los gritos, tanto de los críticos con la junta general de la cofradía como de sus partidarios, hasta el extremo de que había momentos en que era imposible entender lo que se estaba diciendo. El patrón mayor llegó a ponerse de pie sobre la mesa en un par de ocasiones para pedir silencio.

Finalmente, el abogado explicó que la presentación del recurso le costará al pósito algo más de 900 euros, de los cuales 300 se abonan en concepto de depósito, y los otros 600 son de tasa judicial, puesto que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, suprimió el "tasazo" de Alberto Ruíz Gallardón para las personas físicas, pero no para las jurídicas, como son las cofradías.

En cuanto a los salarios que han dejado de percibir los trabajadores, estos quedan en suspenso hasta que se resuelva el recurso en el TSXG, lo que cual se espera que suceda entre esta primavera y principios del verano. En cualquier caso, los operarios están pendientes de percibir entre los tres en torno a 36.000 euros de sueldos -la cuantía de cada uno varía según la antigüedad y sus responsabilidades-, aunque probablemente a esta cantidad habrá que restarle el dinero que ya hayan podido cobrar desde septiembre hasta la actualidad del desempleo o de otras ocupaciones.

Al tratarse de una reunión "cerrada al público", en palabras del abogado Alberto Muñoz, y a la que por lo tanto solo podían acudir los socios, las versiones sobre el apoyo que tenía cada una de las partes difiere completamente. Así, un marinero próximo a uno de los lonjeros despedidos afirma que "había más o menos la mitad de gente en cada bando", mientras que Muñoz declaró que "sí que había un grupo extremista, por utilizar una palabra, pero eran cuatro personas entre 200". Además, lo que para unos fueron "aclamaciones y aplausos" para otros fueron "abucheos".

Pero ambas partes admiten que sí hubo gritos y palabras subidas de tono. La reunión duró un par de horas.

La falta de marisco

La cofradía despidió a los tres lonjeros en septiembre pasado. Les acusaba de robar puñados de marisco de las cajas de los "rañeiros" y del sobrante de las pesas para vendérselos ellos a terceras personas por fuera de la lonja. Los afectados, por su parte, declararon que solo le habían llevado el marisco a dichas empresas, pero no para lucrarse ellos, sino que lo hacían el nombre de la lonja, y atribuyeron sus ceses a cuestiones de ideología política. Los tres trabajadores tienen que ser obligatoriamente readmitidos, ya que el juez declaró nulos los despidos.