La paralización que ha experimentado el proyecto de ampliación de la EP-9701, que une las parroquias vilanovesa de András y Baión ha levantado un importante malestar entre los vecinos de esta última zona, sobre todo porque el tramo que ha quedado sin ejecutar es demasiado estrecho, con riesgo de que se registren accidentes y se encuentra en un pésimo estado de conservación. Adjudicada el pasado verano a la empresa Covsa por 1,7 millones de euros que iban a suponer la realización de una variante en el entorno de Os Carballos, la Diputación decidió paralizar las obras, argumentando que los vecinos afectados no estaban dispuestos a ceder sus parcelas, ya que el objetivo de la Diputación era aprovechar la parcelaria para evitar el trámite de las expropiaciones.
Esta actitud del ente provincial no es compartida por los usuarios y vecinos de la zona que entienden que la administración provincial "debe continuar con la obra, sea abonando religiosamente los terrenos a los afectados, a alguno de los cuales le parten las fincas actuales a la mitad, sea continuando por el trazado actual del vial, pero ampliando lo suficiente para garantizar la seguridad, como se ha hecho en tramos de esta misma carretera con anterioridad".
Lo que tienen claro es que se debe tomar cuanto antes una decisión porque "no es de recibo que tengamos que ver como la carretera se degrada sin que se tomen medidas, cuando se trata de un vial fundamental para los vecinos de Baión que quieren acercarse al casco urbano de Vilanova de Arousa".
Las críticas no solo afectan a la Diputación, sino que también se dirigen hacia el alcalde, Gonzalo Durán, al que reclaman "una mayor implicación a la hora de defender este proyecto; por lo menos la misma que ha mostrado con la casa da cultura de O Esteiro, por la que se mojó abiertamente, mientras parece que ignora las necesidades de los vecinos de Baión".
El tramo que ha generado discordia tiene unos tres kilómetros de longitud y salió a licitación en abril del pasado año. La adjudicación se realizó el pasado verano a la empresa Covsa por 1,7 millones de euros, teniendo como plazo de ejecución diez meses, aunque la paralización es ajena a las intenciones de la empresa, ya que fue adoptada en Diputación al considerar que esa actuación no se ajustaba al decálogo de buenas prácticas y criterios objetivos en su política de obras sobre la red provincial de carreteras.
