Vuelco judicial con un fallo firme

El Supremo abre la puerta a que Vilagarcía recupere 4,3 millones del crédito "Luz Salgada"

El alto tribunal estima el recurso de la Xunta y anula la sentencia de la Audiencia Nacional que obligaba a Ravella a devolver el préstamo - Fole pagó 3,6 millones y Varela se libra de los 700.000 euros que quedaban por abonar

10.02.2016 | 04:12
La construcción de un parking subterráneo en Fexdega era una de las inversiones del préstamo que el Concello quería reorientar. // Iñaki Abella

Después de varios fallos judiciales desfavorables, el Ayuntamiento de Vilagarcía recibió ayer una satisfactoria e inesperada decisión en relación al préstamo "Luz Salgada" que el Gobierno central le concedió en 2006 por importe de casi 6 millones de euros con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT). Y es que el Tribunal Supremo acaba de estimar el recurso de casación presentado por la Axencia de Turismo de Galicia (dependiente de la Xunta) contra la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2014 que ordenaba al Ayuntamiento la devolución parcial del crédito (3,1 millones de capital principal y casi 1,2 de intereses).

Este fallo, firme, contra el que no cabe interponer recurso alguno, abre la puerta a que Vilagarcía pueda recuperar los 3,6 millones de euros ya devueltos al Estado por el gobierno de Fole, además de librarse de los 700.000 euros en intereses que le quedaban por pagar. "Es muy buena noticia para las cuentas del Concello y para la ciudad porque no tendremos que devolver los intereses y podremos gestionar una cantidad de dinero importante", valora el alcalde, Alberto Varela.

Hay que recordar que el anterior gobierno del Partido Popular devolvió al final de su mandato los 3.158.215,10 euros de capital principal al que le obligaba la justicia, así como la mitad de los 1.183.319,88 euros de intereses, es decir, sobre medio millón de euros, para evitar que estos siguiesen creciendo. Después de varios varapalos en distintas instancias judiciales, Tomás Fole no tenía la esperanza de que la justicia dictase una resolución favorable como la que ahora acaba de emitir el Supremo, por lo que decidió zanjar la mayor pesadilla de su mandato y reintegrar "Luz Salgada".

En una primera valoración de la sentencia, el actual regidor entiende que el fallo permitirá al Ayuntamiento recuperar el capital principal ya devuelto por su predecesor antes de finalizar la vía judicial (3,1 millones que los socialistas solicitarán), además de quedar exento del pago de los intereses. Para abonar la cuantía que estaba pendiente, el ejecutivo socialista consignó en el Presupuesto municipal de 2016 sobre 180.000 euros, pues su intención era pagar los 700.000 euros en varias anualidades.

Ahora, con la sentencia del Tribunal Supremo, Vilagarcía se olvida de pagar esta importante cantidad, pues queda anulada tanto la resolución de la Audiencia Nacional como la de la Secretaría de Estado de Turismo (de 2013) que ordenaban el reintegro parcial del préstamo otorgado.

El conflicto de competencias

En esta batalla judicial Xunta y Concello siempre han ido de la mano. De hecho ambas administraciones han esgrimido en sus distintos recursos judiciales que "las comunidades autónomas con competencia en materia de turismo deben ser competentes para todas las actuaciones de gestión de las ayudas, con lo que es la administración autonómica y no la del Estado quien podría, en su caso, dictar la resolución recurrida y, en definitiva, dictar los actos que corresponden en este expediente".

Esta defensa de que es la Xunta y no el Gobierno central la que debe gestionar las ayudas con cargo al FOMIT es ratificada por el Tribunal Supremo, pues el magistrado señala que cuando se inició el expediente de revocación del préstamo el 19 de noviembre de 2012 por parte del Estado estaba en vigor el Real Decreto 937/2010 por el que se regula el FOMIT. Dicha norma, subraya la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Sección Tercera del Tribunal Supremo, reconoce las competencias de las comunidades autónomas en lo relativo a la tramitación y gestión de los préstamos concedidos con cargo a fondos del FOMIT.

Por tanto en base a esto, debería haber sido el Gobierno gallego el que decidiese si otorgaba las prórrogas y el cambio de finalidad de los fondos solicitados por el Concello, pues la negación del Estado a estas pretensiones de Ravella fue el origen de este largo pleito judicial.

Contra la sentencia de la Audiencia Nacional recurrieron tanto el Concello como la Axencia de Turismo de Galicia. Teniendo en cuenta que los argumentos esgrimidos por ambas administraciones caminan en la misma línea, el alcalde de Vilagarcía confía en que la resolución al recurso de casación del Concello sea estimado por el Supremo, al igual que acaba de hacerlo con el de la Xunta.

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