La corporación de Cambados aprobó destinar 300.000 euros, a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito, a pagar facturas pendientes de 2014 y 2015, lo que, según el informe de Intervención, va a suponer fijar el pago a proveedores en 45 días, por encima de las recomendaciones del Ministerio de Hacienda. Si bien el gobierno cuatripartito y el PP votaron a favor, la visión de la situación es bastante diferente para ambos.

El edil de Facenda y portavoz municipal, Xurxo Charlín apuntó que la mayor parte de estas facturas corresponden a gastos realizados por el anterior gobierno de Cambados a los que ahora se debe hacer frente. Charlín explicó que no se pudieron saldar con anterioridad porque "el presupuesto estaba totalmente agotado porque se gastó antes" y llegó a insinuar que fue utilizado con motivos electoralistas.

Por su parte, los conservadores aseguraron que la aprobación extrajudicial de crédito es una figura que se utiliza en los municipios para hacer frente a determinadas facturas, y "hay pendientes de pago en los dos gobiernos".

No hubo tanto acuerdo a la hora de analizar la moción presentada por el PSOE sobre la Ley de Regularización. Los integrantes del cuatripartito consideran que esa norma debe ser derogada, no solo porque limita las inversiones de los concellos, y sobre todo los condena a privatizar servicios, en especial, aquellos vinculados a los asuntos sociales. "Sin financiación no puede haber servicios", fue una de las máximas del grupo de gobierno. Los conservadores votaron en contra argumentando que "debe existir una Ley de Racionalización, ya que es bueno que se controlen las administraciones locales". Para respaldar su postura, su portavoz, Luis Aragunde esgrimió ejemplos como el de que "un alcalde se ponga el salario sin ningún tipo de control" e incluso, llegó a comparar Grecia con España: "En el primer país se cayó en la bancarrota, mientras que en España, gracias al gobierno responsable de Rajoy, se corrigió esa situación".

El propio Luis Aragunde preguntó por el centro de día y la adhesión al Consorcio Galego de Benestar, condición indispensable para que comience a funcionar. "El convenio estaba previsto que se trasladase a este pleno, y nos sorprendió su ausencia", explicó Aragunde. Aunque no fue contestada en el momento, tras el pleno, "la alcaldesa, Fátima Abal, me explicó que es muy probable que este Concello no se acabe adhiriendo a ese Consorcio".