El gobierno de Vilagarcía pagará en un plazo de cinco años los 595.000 euros pendientes de pago del préstamo "Luz Salgada", un crédito que estuvo a punto de provocar la quiebra económica del Ayuntamiento cuando en marzo de 2013 la Secretaría de Turismo (Ministerio de Industria) ordenó la devolución parcial del mismo. De ejecutarse en aquel momento, pondría en peligro los servicios básicos a los ciudadanos.

Este préstamo de fondos estatales supuso uno de los mayores quebraderos de cabeza del anterior ejecutivo vilagarciano. Por ello, Tomás Fole (PP) decidió en su último presupuesto del mandato (2015) consignar una partida para devolver el crédito. Así, reintegró los 3,1 millones de euros de capital principal y el 48% de los intereses, es decir, 555.477,75 euros de los 1.150.412,47. Por tanto, según estos datos facilitados en su día por el PP, quedan pendiente de abono unos 595.000 euros.

El actual equipo de gobierno, consciente de la necesidad de devolver esta cuantía para acabar de una vez por todas con la pesadilla de Luz Salgada, consultó con el Ministerio de Industria las opciones de las que disponían para amortizar el préstamo. El alcalde, Alberto Varela, asegura que el departamento municipal de Intervención aconsejó el fraccionamiento del pago, por lo que el Concello de Vilagarcía abonará medio millón de euros en un periodo de cinco años.

En el Presupuesto de 2016 ya se consigna una cantidad para sufragar la primera anualidad. La partida se incluye en los 2.182.764 de pasivos financieros.

Cuando este año el Ayuntamiento pagó la totalidad del capital principal, los intereses dejaron de incrementarse, pues crecían a un ritmo de unos 100.000 euros anuales.

Todo comenzó el 25 de marzo de 2006, cuando la Secretaría de Estado, Turismo y Comercio concedió al Concello un préstamo con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT) por importe de 5.999.427,37 euros "para la ejecución de la primera fase 2 y 3 del Proyecto Luz Salgada, adecuación urbanística y medioambiental del último tramo del río de O Con hasta su desembocadura en el Puerto de Vilagarcía". En concreto el tramo 2 tenía por objeto la construcción de un aparcamiento subterráneo en el entorno de Fexdega, entre otras actuaciones.

Finalmente el Concello renunció a este estacionamiento. En 2009 pidió ampliar el plazo de ejecución de las obras incluidas en el proyecto y en 2010 se concedió una prórroga, hasta mayo de 2012. Posteriormente Ravella solicitó modificaciones y un nuevo plazo para dedicar los fondos del aparcamiento a otras obras, unos cambios que fueron informados negativamente por parte del Gobierno central. Y comenzó la batalla judicial, que llegó al Tribunal Supremo.