El invierno se avecina muy agitado en el sector del mar. La conselleira Rosa Quintana desgranó el viernes en Vilagarcía las ventajas que según ella acarreará la futura Lei de Acuicultura de Galicia, actualmente en fase de anteproyecto, pero una buena parte del sector ya se está organizando para mostrar su más rotunda oposición.

Numerosas organizaciones de mejilloneros y cofradías de la ría de Arousa sostienen que la ley que impulsa la Xunta de Galicia abocará al paro a miles de personas y que contaminará las rías con los fármacos y piensos artificiales que suelen utilizarse en las granjas de cría de determinadas especies de acuicultura, como son las de salmón.

Cerca de medio centenar de personas de los dos márgenes de la ría de Arousa se dieron cita en la mañana de ayer en la lonja de Carril (Vilagarcía) para abordar los pasos a dar en las próximas semanas. La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) ha asumido la coordinación de las actuaciones, y de hecho firma una alegación única a la totalidad del documento, que suscriben en torno a una veintena de organizaciones de mejilloneros o cofradías de pescadores.

La vicepatrona mayor de Cambados, y presidenta de las mariscadoras, María José Cacabelos afirmó que "este anteproyecto va a favorecer la introducción masiva de las multinacionales de la acuicultura", y que ya hay firmas de Japón, Canadá o Noruega asentadas en España y dispuestas "a introducirse en Galicia y eliminar a su competencia, que somos nosotros".

La patrona mayor de Vilanova, María José Vales aduce a su vez que la ley "está hecha al dictado de los lobbys de la acuicultura", y que su objetivo es "privatizar el mar". La presidenta del pósito de Cabo de Cruz, Raquel Souto, achacó a la Consellería do Mar que "no dialogó con el sector".

Un representante del sector mejillonero planteó que "la ley nos obligará a convertirnos en empresarios y a competir con las multinacionales, que tendrán recursos económicos mucho mayores que los nuestros", mientras otro destacó que el texto que promueve la Xunta "tiene un régimen sancionador desproporcionado, porque el anteproyecto dedica al apartado de multas 24 páginas, lo que supone el 20 por ciento de todo el documento". A modo de ejemplo, apunta que las embarcaciones estarán obligadas a llevar un localizador, y que la multa para quienes no lo tengan a bordo puede alcanzar los 6.000 euros.

Así las cosas, la PDRA y las organizaciones que se oponen a la nueva ley van a iniciar un calendario de acciones para intentar frenar a la administración autonómica. La primera de ellas es la convocatoria de una reunión con los candidatos al Congreso y el Senado de todos los partidos políticos para el miércoles próximo por la tarde, y que se celebrará en el auditorio de Vilagarcía. "Queremos dialogar con ellos y demandarles un posicionamiento claro en contra de la ley", remachó el presidente de la plataforma, Xaquín Rubido.

Pero en las próximas semanas habrá más movimientos por todas las partes. El anteproyecto de la ley está en exposición pública hasta el martes, de modo que los interesados tienen de plazo hasta ese día para presentar las alegaciones que estimen oportunas. El viernes, la plana mayor de la Consellería do Mar, con Rosa Quintana al frente presentó en conferencia de prensa el anteproyecto, que según ellos garantizará la creación de más riqueza en Galicia. Según la conselleira, el nuevo documento dotará de mayor agilidad administrativa al sector, con lo que sus proyectos no se eternizarán en los despachos de Santiago. Otra ventaja, explicó, es que con la nueva ley las mariscadoras podrán cobrar indemnizaciones por el cierre de bancos a consecuencia de la toxina, al igual que hacen los bateeiros.

Pero los ánimos llevan tiempo encrespados. Y un ejemplo de ello fue la multitudinaria asamblea de bateeiros que se celebró el mismo viernes, pero por la tarde, en el auditorio de Vilagarcía. Las cuatro organizaciones que convocaron el acto dijeron ante unas 600 personas que el nuevo documento pondrá en peligro a la totalidad del sector mejillonero actual, y que el poder de la Xunta será de tal magnitud que incluso podrán expropiar zonas por interés general o denegar proyectos únicamente con el silencio administrativo.

Tras esa asamblea, representantes del mar de una quincena larga de entidades se dieron cita ayer por la mañana en Carril para avanzar los primeros pasos que van a dar en su oposición a la ley. Tras la asamblea se celebró una conferencia de prensa en la que fueron tomando la palabra varias personas. En la parte final una mujer se aproximó a la mesa y espetó: "Quieren arruinar el mar".