La futura Ley de Acuicultura de Galicia se ha convertido ya en un nuevo foco de conflicto. Cofradías y bateeiros preparan medidas de presión para oponerse "frontalmente" a este articulado, a pesar de que ni siquiera ha expirado el plazo de alegaciones. Para calmar los ánimos, y sobre todo para llamar a la tranquilidad de los pescadores, mejilloneros y mariscadores de a pie, la Consellería do Mar quiso despejar ayer cualquier duda.
Su titular, Rosa Quintana; el secretario xeral, Juan Carlos Maneiro; y la directora del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino, Covadonga Salgado, comparecieron ante los medios de comunicación en dicho centro, con sede en Vilagarcía, para hablar de las "bondades" y "ventajas" de esta ley.
La Xunta niega la mayor. Dice que "no existe intervencionismo, no vamos contra nada ni nadie, no se perjudica al sector y, desde luego, no se obliga a dar el paso de apostar por la acuicultura en Galicia, sino que se abren las puertas a ello de forma voluntaria porque es una alternativa de futuro con enormes ventajas para la sociedad".
Leyendo entre líneas y atendiendo a las reflexiones expuestas hay otros aspectos a resaltar, como que quizás el rechazo del sector no se produciría si en la actualidad no estuviera en marcha una campaña electoral. E incluso "es sorprendente", apostillan en Mar, "que algunos traten de frenar una ley que solo quiere defender al sector y aún está en fase de alegaciones, y por tanto abierta al diálogo". Como "chocante" parece a la Xunta que entre los detractores de esta apuesta por la acuicultura "se encuentren, precisamente, algunas cofradías que ya practican acuicultura actualmente, tanto por disponer de bateas en las que cultivan y engordan almeja como por estar ligadas a parques de cultivo privados".
"¿Será que los pósitos que explotan la acuicultura y conocen sus ventajas no quieren que otros apuesten por la misma vía?", se preguntan en la consellería.
Desde el convencimiento de que "Galicia reúne las condiciones idóneas para desarrollar esta ley, que es la primera de sus características en Europa y da plena cobertura al sector, dotándolo de una seguridad jurídica inexistente en la actualidad", Rosa Quintana asegura que "es una ley muy técnica en la que trabajamos desde hace cuatro años basada en principios medioambientales, sociales y económicos", incluso teniendo en cuenta aspectos como el cambio climático y las particulares condiciones hidrológicas de Galicia.
De este modo se busca diversificar y potenciar la productividad de las rías, pero también "dar mayor agilidad administrativa al propio sector, para evitar que los proyectos presentados se mueran en la Administración". Puede ponerse un ejemplo, como es que la granja de oreja de mar de Muros empezó a trabajar su expediente administrativo en 2003 y no pudo recibir autorización hasta 2010.
Respaldada por dos comisiones, una administrativa y otra técnica, para analizar cada proyecto, informar sobre su viabilidad y asesorar a los interesados en desarrollar la acuicultura en las rías gallegas, esta ley aún en fase de anteproyecto "solo nace para ayudar a la acuicultura, y fundamentalmente a la ya existente en Galicia, mayormente centrada en el cultivo de mejillón y trucha", asevera la conselleira.
E insiste, tratando de desmitificar esa acuicultura que muchos se empeñan en vincular a la implantación de grandes empresas, en que esta es una actividad plenamente implantada en Galicia, tanto que el sector mejillonero es un referente acuícola nacional y mundial.
Cultivar las rías, que en definitiva es lo que significa acuicultura, es algo que "genera enormes beneficios a los gallegos, por eso no entendemos el rechazo a esta ley que trata de potenciarla, y menos aún cuando todavía se encuentra en periodo de exposición pública", lamenta Quintana.
Un rechazo, inciden en las cofradías, que se debe a que "quieren que cambiemos el marisqueo por acuicultura". Algo que niegan los tres representantes de Mar citados, "pues se trata de una propuesta voluntaria que simplemente se refiere a otra forma de entender el marisqueo".
Reconoce la Xunta que "en este sector todos los cambios son difíciles de asumir, aunque sean para mejorar, como ya se vio en 1991, cuando se profesionalizó el marisqueo en Galicia y también había una fuerte oposición por parte de personas que se empeñan en impedir que el sector avance". Pero hoy en día "el marisqueo no se concibe de otra forma que no sea la profesional", añade Quintana, convencida de que más pronto que tarde acabarán viéndose de forma generalizada los beneficios de la acuicultura. Sobre todo en rías como Arousa, "donde se encuentran la mayor parte de las bateas de mejillón y donde, como en las demás rías, se realizan labores de siembra de bivalvos, traslado entre unos bancos y otros, limpieza de los mismos y todo lo que representa esta forma de trabajo en el mar".
En cualquier caso, adaptar el marisqueo como se conoce actualmente a la acuicultura "de futuro" que plantea la nueva ley "es un paso voluntario, y serán las propias cofradías y/o agrupaciones las que decidan si quieren darlo o no".
Cofradías como las de Cambados, Cangas y Aldán, "que ya practican acuicultura en la actualidad, pues disponen de bateas de engorde de bivalvos y barcos auxiliares", al igual que otras como Carril, que tienen al frente a "un patrón mayor que tiene parques de cultivo (acuicultura) y sin embargo también rechaza esta nueva ley".
Es esto lo que lleva a Quintana a espetar que "da la impresión de que algunos solo quieren que progresen sus cofradías y que las demás queden paradas", frente a lo cual "es mi responsabilidad, y una obligación de esta Consellería, dejar las puertas abiertas a quien quiera pasarse a la acuicultura".
Pero esto se entiende entre los detractores del anteproyecto como una fórmula encubierta de privatización de las rías, lo cual irrita a la conselleira, quien advierte de que "cuando han caducado parques de cultivo de titulares privados se pusieron en manos de agrupaciones de mariscadores, lo cual es todo lo contrario de privatizar".
Beneficios
¿Entonces, cuáles son los beneficios? Pues que al apostar por la acuicultura puede "mejorarse la producción marisquera actual, modificar las tallas, acceder a ayudas económicas para comprar semilla e incluso percibir indemnizaciones cuando hay cierres por biotoxinas".
En este último caso Rosa Quintana puso otro ejemplo, como es que "los bateeiros acaban de cobrar ocho millones por el tiempo que estuvieron cerrados a causa de los episodios tóxicos, y sin embargo las mariscadoras, cuyos bancos también se vieron afectados, no pudieron percibir nada".
Empresas privadas
Pero las cofradías y bateeiros que rechazan esta ley insisten en que se quiere propiciar la llegada de empresas privadas, a lo que Quintana replica que "el titular de cada concesión bateeira o de cada parque de cultivo también es una empresa privada, y no pasa nada".
Esto "tampoco quiere decir que vayan a llegar a las rías las empresas multinacionales, del mismo modo que tampoco se han 'apoderado' de los parques de Carril ni de las bateas ni se han apropiado del cultivo de salmón en Noruega, donde este tipo de acuicultura está en manos de pescadores artesanales".
Hablando de salmón Rosa Quintana hizo memoria para recordar que fue su gobierno el que frenó el proyecto avalado por los socialistas cuando gobernaron en la Xunta para desarrollar el cultivo intensivo de salmón en jaulas en Arousa.
"Pero nosotros siempre hemos defendido a nuestros sectores productivos y extractivos -esgrime la titular de Mar-, por eso pusimos los contadores de las bateas a cero y reordenamos los parques de Carril en lugar de sacarlos a concurso público y dejarlos en manos de esas empresas multinacionales que según los de siempre estaríamos tratando de arropar".
Lo que quiere decir es que "tuvimos mil oportunidades para apoyar a la iniciativa privada frente a los intereses públicos y jamás lo hicimos, sino que nos dedicamos a defender la acuicultura social que tenemos hoy en día".
Así lo explicaron al sector los representantes del Gobierno de Galicia en varias reuniones, "y estamos dispuestos a seguir haciéndolo en todas las que nos pidan para aclarar posturas, pulir el articulado e incluso realizar modificaciones, pero no tiene sentido que algunos hablen de 'rechazo absoluto y frontal' a esta ley cuando todavía se está debatiendo y pueden presentar alegaciones".
En este sentido, Quintana reta públicamente "a quienes nos acusan de que queremos privatizar las rías a que lo demuestren".
