A punto de cerrarse un nuevo ejercicio el Concello de O Grove sigue inmerso en la incertidumbre en relación con el edificio administrativo de la localidad. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) considera que esta edificación, construida durante el anterior mandato del alcalde Antonio Cacabelos -lo cual incluso le costó verse imputado judicialmente-, es ilegal, motivo por el cual ordenó su derribo.
Ya se explicó en diversas ocasiones que la pérdida y devolución de subvenciones y de lo invertido, junto con el coste del derribo, pueden originar a la Administración local un desembolso de aproximadamente dos millones de euros, de ahí que éste sea uno de los asuntos más espinosos ahora mismo para las arcas y los intereses municipales.
A la espera de acontecimientos, el Concello debe seguir pagando multas coercitivas, de tal forma que cada nueva sanción será mayor que la anterior hasta que llegue el momento de proceder a la demolición forzosa, salvo que alguien lo impida antes.
Pero aunque siga en pie el edificio administrativo, en el que se ubican los servicios municipales, a modo de casa consistorial, que nadie dude de que las piquetas no están paradas, ni mucho menos. Este año volvieron a actuar, y en varias ocasiones, en este municipio.
El ejercicio ya empezaba con un derribo en la localidad. Fue en enero cuando, según la APLU, se procedió a demoler dos viviendas prefabricadas y dos construcciones de obra para usos residenciales que estaban ubicadas en el lugar de Carrascales, en Balea.
Esta infracción urbanística, una más en la parroquia de San Vicente de O Grove, se basaba en que las instalaciones citadas ocupaban suelo rústico de protección ordinaria.
Al mes siguiente la piqueta actuaba de nuevo, también por ocupación de suelo rústico de protección ordinaria, esta vez a causa de una edificación que, como en los casos anteriores, quedó reducida a escombros.
Y en abril fue un quiosco el elemento derribado a instancias de la APLU, en este caso por ocupar la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Cambados y Vilanova
Aunque no solo en O Grove se registran este tipo de actuaciones, si bien es cierto que se trata de uno de los municipios más castigados por las infracciones urbanísticas.
Puede citarse la demolición efectuada en mayo en el Concello de Cambados. Se tiró una edificación de una planta que había sido levantada en suelo rústico de protección agropecuaria.
Vilanova tampoco se escapa a la acción de la APLU. Prueba de ello la edificación residencial derribada sobre suelo rústico ordinario, en agosto.
