Los continuos fallos en el suministro eléctrico que padecen los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra han llevado a estos tres órganos judiciales a una situación insostenible. Ayer volvieron a quedarse durante buena parte de la mañana sin servicio debido a las carencias que presenta la actual instalación eléctrica, incapaz de soportar toda la potencia necesaria que requiere una oficina administrativa de este tipo, obligando a paralizar la actividad de forma momentánea en estas tres salas y a suspender algunas de las vistas programadas que tuvieron que ser aplazadas, algunas para junio del año que viene, según indicaron fuentes de los propios juzgados.

A la suspensión de los juicios hay que sumar la paralización de toda la actividad en los periodos en los que no cuentan con luz, así como las fuertes restricciones que sufren en cuanto se restablece el suministro. A los funcionarios se les permite solo utilizar un número muy limitado de enchufes, los justos para poder mantener el ordenador encendido y poco más. De lo contrario, se iría la luz. Así, herramientas indispensables para su trabajo diario como pueden ser las impresoras deben permanecer apagadas para que la instalación no se sobrecargue y salte de nuevo el limitador.

Enfundados en sus abrigos

Asimismo, les han desconectado los radiadores de tal forma que no cuentan con calefacción. Con temperaturas mínimas que ayer cayeron hasta los tres grados en Pontevedra y con todo el invierno por delante, la imagen ayer en los juzgados de lo Contencioso de la capital de la provincia era la de funcionarios intentando trabajar enfundados en sus abrigos y chaquetones.

Este problema eléctrico no es nuevo y estos órganos judiciales lo vienen sufriendo desde el pasado mes de septiembre cuando se procedió a cambiar la instalación eléctrica (la antigua databa de los años 80) colocando los nuevos contadores inteligentes y limitadores. El problema es que la instalación no está preparada para asumir toda la potencia necesaria y los locales que albergan a estos tres juzgados van "de apagón en apagón" desde septiembre. Una solución sencilla pasaría por contratar una mayor potencia de luz, pero la instalación existente en estos locales de la calle Germán Adrio (cabe destacar que se trata de unos bajos alquilados por la Xunta que son utilizados como juzgados de forma provisional ante la falta de espacio en el resto de sedes judiciales) no admite este incremento y, al parecer, el desembolso que supondría cambiar toda la instalación sería muy elevado para estas dependencias ya obsoletas y a la espera de la construcción del nuevo y anhelado edificio judicial.

La situación ha provocado que el pasado lunes se haya remitido un escrito de queja al juez decano de Pontevedra para que dé traslado del mismo a la Xunta. En el documento, firmado por las magistradas de estos órganos judiciales, abogados que suelen desarrollar su labor profesional en el orden de lo Contencioso y por los propios funcionarios, se pide que se tomen medidas urgentes para paliar esta situación y que se mejoren "unas condiciones de trabajo que cada días son más precarias".

Un escrito en el que recuerdan que los juzgados se hallan además en una calle "sombría" de Pontevedra, en un edificio antiguo que no reúne condición alguna de aislamiento y que, sin calefacción, la estancia en estos juzgados es totalmente "insalubre e incómoda, debido al frío y a la humedad". A todo esto hay que sumar la distorsión que provoca para el funcionamiento de la administración de Justicia la suspensión de vistas debido a los continuos apagones y el retraso que acumulan aquellos juicios que sí acaban por celebrarse. Además, funcionarios y personal del juzgado son los que deben dar la cara ante testigos y letrados que sufren las incomodidades derivados de estos retrasos y aplazamientos.

El personal de estas salas aprovechó este escrito para denunciar otras deficiencias que padecen estos órganos judiciales como la ausencia de un servicio de seguridad, las carencias del servicio de valija o la escasez de tarjetas de aparcamiento para sus funcionarios.

Sindicatos de la administración de Justicia como SPJ-USO ya se han interesado desde hace meses por la situación que atraviesan los juzgados de lo contencioso de Pontevedra que califican como "tercermundista". Ayer, ante los nuevos problemas surgidos, volvieron a realizar diversas gestiones para preguntar por la solución para este problema y después de los incumplimientos anteriores de la administración que se comprometió en octubre a resolver el problema en el plazo de diez días con la instalación de una nueva caldera. Actualmente, las informaciones que reciben en SPJ-USO es que la solución a estos continuos apagones podría llegar en los próximos días y que la pelota está en manos únicamente de Fenosa a quien compete la aprobación de unas tasas para que estos locales puedan contar con una mayor potencia.