Gobierno tripartito y PP han desatado las hostilidades a raíz de la expulsión, en la última sesión plenaria, del edil conservador Luis Serantes. Mientras el grupo de gobierno acusa al PP de querer evitar el debate sobre la situación en la que dejó el Concello, los conservadores contraatacaron ayer colocando su diana en el alcalde, David Castro, al que acusan de adoptar "actitudes dictatoriales" y "no aceptar las críticas".
Los motivos de esta actitud, consideran en el PP se deben a que el tripartito "se encuentra en un camino sin salida tras la denuncia pública de las irregularidades que están cometiendo por no constituir el grupo mixto municipal e integrar en él a Somos Ribadumia y al PSOE, irregularidad que corroboran los informes que tenemos, tanto del Ministerio de Administraciones Públicas como de la Diputación de Pontevedra".
En lo que respecta a lo ocurrido en el último pleno, celebrado el pasado miércoles, los conservadores aseguran que el alcalde "se mostró excesivamente nervioso y beligerante desde el comienzo de la sesión, a pesar de que las intervenciones de los ediles del PP siempre fueron normales y sin ninguna salida de tono".
La portavoz conservadora, Salomé Peña opina que "no le deben gustar las verdades que le estamos diciendo" y recuerda que en su primera intervención ya fue conminada por el alcalde, que amenazó con adoptar medidas, "refiriéndose a una posible retirada de la palabra o a una expulsión".
En el segundo punto de la orden del día, Castro privó de la palabra al concejal Luis Serantes, "decisión que acatamos sin provocar ningún conflicto, pero fue durante el debate del expediente para mejorar los parques infantiles, cuando al alcalde no le gustaron las críticas que estábamos haciendo y decidió expulsar a Luis Serantes sin más, sin necesidad de que le faltase a la orden o de que perdiese las formas, tan solo para no seguir escuchando nuestros argumentos".
En ese momento, aseguran los conservadores, Serantes estaba poniendo en duda la existencia de un informe técnico en el que se advierte de que existen deficiencias que suponen un grave riesgo para los niños. Serantes criticó en su intervención que el Concello dejase pasar dos meses, desde septiembre, cuando se recibe el informe, hasta ahora, "sin hacer nada por corregir esta situación y garantizar la máxima seguridad para los niños".
Los populares también denuncian que se destinen 30.000 euros para el expediente de reparación de parques, cuando en el informe presentado por el gobierno tripartito se incluyen partidas "tan llamativas como que la reposición de una papelera en el parque de Ribadumia cuesta 400 euros más IVA; o que se destinen 7.000 euros para labores de lavado y chorreado de los parques cuando disponen de 25 operarios para ello".
Los conservadores aseguran estar a favor de la mejora de los parques infantiles, y por ese motivo "votamos a favor de la modificación de crédito, pero no a cualquier precio, con derroches excesivos".
