Los padres de los alumnos del comedor del colegio de Rubiáns no han pagado por este servicio en todo el curso porque la empresa Perea Rojas a la que la Xunta acaba de rescindir el contrato por serias deficiencias en el catering (comida en mal estado y en poca cantidad) no pasó los recibos vía domiciliación bancaria a las familias. Así lo asegura la presidenta de la Anpa del centro educativo, Dolores Lago, que asegura que "hay padres que se niegan a pagar" porque no están dispuestos a abonar ahora más de dos mensualidades de golpe y también porque consideran injusto tener que costear un servicio que ha sido deficiente, según pudo comprobar la propia Xunta en las inspecciones realizadas.
En los comedores escolares gestionados por la Consellería de Educación de forma indirecta mediante empresas de catering, los padres pagan una cuota distinta en función de su renta. Así, el máximo asciende a 4,50 euros por menú diario. "Para una familia con dos hijos cada mes supone un desembolso de 180 euros, por lo que ahora tendría que abonar casi 400 euros de una vez", apuntan desde la Anpa. "La empresa no puede pasar dos o tres recibos de forma simultánea", agrega.
La presidenta de la asociación de padres de alumnos recuerda que Perea Rojas "no estaba cumpliendo el contrato", pues servía poca comida y de cuestionada calidad. Tras varias quejas de la comunidad escolar a la Xunta, la gota que colmó el vaso se produjo el pasado lunes, cuando las cocineras y cuidadoras de los comedores cuyo catering era responsabilidad de la firma malagueña se encontraron con un caldo gallego de primer plato que estaba deteriorado, pues "tenía espuma y estaba ácido". Ante este hecho, los comensales de Rubiáns, Carril y Vilaxoán, que suman un total de 463 alumnos, se quedaron sin primer plato. "Y teniendo en cuenta que el pescado no lo comen bien todos los niños, algunos se fueron para casa ese día solo con una manzana de postre en el estómago", advertían los padres.
Tras poner el grito en el cielo por esta grave situación, el gobierno de Vilagarcía envió de inmediato sendas misivas a la Consellería de Educación y a la de Sanidade para que tomasen medidas ante una cuestión de "salud pública".
No solo las Anpas de Vilagarcía denunciaron las deficiencias, sino que también la de Cuntis, así como algunas de Cambre y Culleredo, donde los problemas con el catering (de Servicol, una empresa también malagueña) ya habían salido a la luz varias desde principios de curso. La Xunta comenzó a investigar a sendas firmas (Perea Rojas y Servicol) y les rescindió el contrato a ambas.
