El juzgado rescinde todos los contratos laborales de la empresa Nurtime

La CIG pide una entrevista con el responsable de Política Social, José Manuel Rey Varela, para que anule los contratos con la residencia

30.10.2015 | 02:32

La pésima situación en la que se encuentra la Residencia Valle-Inclán de Vilanova vive un nuevo capítulo. El último de ellos es la decisión del juzgado de rescindir los contratos de 31 trabajadores de la empresa Nurtime, un paso previo hacia su total liquidación y que deja a la Residencia sin apenas operarios para atender a los setenta residentes. La decisión del juzgado se tomó el pasado día 23, pero la Confederación Intersindical Galega (CIG) tiene constancia que los trabajadores continúan prestando servicios en una empresa cuyo máximo responsable, Enrique Martínez Núñez, está inhabilitado por sentencia judicial. En estos momentos, solo quedarían una decena de operarios contratados a través de una nueva empresa, Residencia de Maiores 2013.

El sindicato ha solicitado una entrevista con el nuevo responsable de la Consellería de Política Social, José Manuel Rey Varela, para que tome una decisión ante las numerosas irregularidades que se están registrando en la residencia, unas irregularidades de las que "la Xunta es conocedora" pero sigue manteniendo conciertos con la entidad de manera "inexplicable".

Precisamente, el sindicato ha detectado que, a través de la Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (Funga) hay 17 personas como residentes en las instalaciones de Vilanova. "Es inexplicable que una fundación pública que se dedica a garantizar la tutela de persoas en situación de desamparo otorgue estos servicios a una empresa que está en concurso de acreedores, está en fase de liquidación, los empresarios han sido inhabilitados por sentencia judicial y la última firma que se han sacado de la manga para continuar con la actividad no se encuentra dentro de la lista que tienen los servicios sociales".

Xoán Xosé Bouzas Aboi "Tupi", explicaba ayer que "la Consellería sigue sin tomar medidas al respecto y se dedica a mantener en el tiempo esta situación insostenible, por lo que da la sensación de que está en connivencia con estas empresas". Sorprende al sindicato que tras los dos concursos de acreedores en Viajes Silgar y Nurtime "la Xunta se persone ahora en ellos cuando llevamos años alertando de la situación".

En el escrito dirigido a Rey Varela para concertar una entrevista, el sindicato solicita que se le retire de forma inmediata la autorización a Residencia de Maiores 2013 porque sus responsables "están inhabilitados por gestión fraudulenta". A esta solicitud hay que sumar que "se tomen las medidas jurídicas y penales por los delitos que hayan podido cometer esos señores, porque no pueden quedar impunes y dejar de darles cobertura". Entienden que debe ser la Xunta la que requiera documentación a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social para que investigue los pagos inexistentes a los trabajadores o si la empresa está pagando las cuotas de la nóminas.

"La Xunta de Galicia sabe que los contratos están extintos, por lo que es incomprensible que le permita seguir prestando servicio a las personas ", explican desde la CIG. Desde el sindicato entienden que todas las administraciones implicadas están teniendo un "excesivo pasotismo, desde la administración concursal al juzgado y a la propia Xunta; si la empresa está en extinción desde el 9 de enero lo único que están haciendo es incrementar las deudas".

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