Cada uno con distintos argumentos, pero a ninguno de los cuatro partidos de la oposición le convence la nueva propuesta salarial y organizativa expuesta por el gobierno de Vilagarcía para sacar adelante el segundo pleno, que debe convocarse antes de este sábado 18 de julio. El primero fue tumbado por el PP (7 ediles), Esquerda Unida (3) y Somos Maioría (1), y ahora el PSOE se enfrenta a que la historia se repita, con el handicap añadido de que la abstención del BNG (2 concejales) podría convertirse en un voto en contra si los socialistas no eliminan los dos puestos de confianza previstos. Desenquistar esta prolongada situación en el Ayuntamiento vilagarciano no se presenta tarea sencilla. Pero los plazos aprietan y el Ejecutivo debe llegar a un acuerdo con alguna de las formaciones porque gobierna en minoría con ocho ediles.

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El alcalde, Alberto Varela, compareció ayer a mediodía en rueda de prensa para desgranar la propuesta que el día anterior cerca de las once de la noche había remitido a los grupos y que ya publicó este periódico. El regidor empezó justificando ese envío a última hora aludiendo a una reunión de su grupo que se prolongó "hasta bastante tarde" y prosiguió solicitando "gestos" por parte del resto de formaciones porque "también los está habiendo por parte del alcalde".

El primero ha sido la reducción de su salario, el principal escollo para un acuerdo con la izquierda. De 51.600 euros brutos al año el PSOE lo baja a 48.000, una disminución "insuficiente" ante los ojos de la oposición. Varela apuntó que el salario neto, es decir, lo que ingresará realmente, se sitúa en 2.300 euros mensuales en lugar de los 2.500 planteados hasta ahora. "Es una propuesta totalmente sensata", dijo, por lo que urgió a las demás fuerzas políticas de la corporación a "sentarse con nosotros y a dialogar".

No obstante insistió en que "no establecemos ninguna línea roja" y que aunque cree que su planteamiento "es el adecuado, en las conversaciones tienen que participar todo el mundo".

La oposición discrepa de la oferta socialista, lo que no quiere decir que descarte reunirse con el gobierno, siempre y cuando "se trate de una negociación seria". Varela espera que a partir de hoy mismo comiencen esos encuentros.

Tal y como publicó ayer FARO, la nueva propuesta del gobierno incorpora tres modificaciones: una rebaja salarial para el alcalde, una disminución de las indemnizaciones por asistencias a pleno, comisiones informativas y juntas de gobierno de 118,75 a 110 euros y una rebaja del componente variable de las asignaciones a los grupos políticos, es decir, la cuantía por concejal, de 279 a 250 euros mensuales.

Ya fuera del planteamiento económico figura el reparto de las representaciones de los partidos en los distintos órganos del Concello. El PP pedía formar parte de todos los organismos, haciendo especial hincapié en la Mesa Local de Comercio y en las relacionadas con los asuntos de personal. Tras el encuentro entre las partes del viernes pasado, el PSOE ha cogido el guante al incluir a la formación conservadora en todos los órganos, como por ejemplo en la comisión de seguimiento del acuerdo marco y convenio colectivo, en la de control del plan de pensiones, en el comité de seguridad y salud laboral, en la Mesa Local de Comercio (el PSOE propone al alcalde, al edil Pérez Callón, a un concejal del PP y a otro de EU) o en el Consello Consultivo Económico e Social (CES).

El Bloque en el Puerto

Los populares también forman parte de otros organismos donde es obligatorio que estén presentes todos los grupos municipales, por tanto el principal partido de la oposición no queda fuera de ningún órgano a excepción del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, donde los socialistas proponen a un concejal de los suyos y a otro del BNG en lugar del de Esquerda Unida.

En este sentido, Alberto Varela aclaró ayer que pese a que en la propuesta inicial que trasladó a los medios figuraba un edil izquierdista para el Puerto, en el planteamiento que se elevó al primer pleno ya se había sustituido un miembro de EU por otro del BNG.

El alcalde destacó que las representaciones planteadas "muestran pluralidad, teniendo en cuenta las manifestaciones de los distintos partidos".

De hecho espera poder modificar el reglamento de la Mesa Local de Comercio para que pueda estar integrada por todos los partidos de la corporación, tal y como solicitaba el BNG en aras de "democratizar" el Concello y dotarlo de más transparencia. También en base a las demandas del grupo nacionalista, de las mesas de contratación formarán parte todas las formaciones y aprobarán obras por importe superior a 200.000 euros y suministros y servicios de más de 60.000. Para las actuaciones por debajo de estas cantidades tiene potestad la junta local de gobierno.