La corporación de O Grove celebra esta noche un pleno extraordinario decisivo para su futuro, ya que está previsto dar aprobación inicial al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Es una herramienta que debe servir para ordenar urbanísticamente la localidad y permitir su desarrollo futuro, pero también, según explica el alcalde, Miguel Ángel Pérez, va a servir para salvar de una demolición segura al edificio administrativo de la calle de Cándido Acuña, es decir, la actual sede del Concello.

Hay que recordar que fue construido en el anterior mandato, siendo alcalde el socialista José Antonio Cacabelos, que en relación con ese procedimiento resultó imputado judicialmente por tres presuntos delitos.

Ahora la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) ha decretado el derribo del inmueble, y mientras Cacabelos sostiene que el PXOM "no puede ser utilizado para amparar ilegalidades, algunas con sentencias de demolición", Pérez le replica que el PXOM va a ser una buena manera de salvar tanto al edificio como la reputación del socialista.

Dicho de otra manera, que el PXOM que Cacabelos y su partido tanto critican puede ayudar a salvar el edificio que él mismo mandó construir, aunque fuera de manera irregular, a juzgar por la decisión de la APLU. De este modo Pérez se posiciona claramente ante el pleno decisivo a celebrar esta noche y trata de "desmontar de una vez por todas los falaces planteamientos de Cacabelos".

Lo hace así explicando que hace poco más de un año el secretario general socialista entregó por Registro municipal "cuatro folios que presentaba como propuestas al PXOM, aunque en realidad eran posicionamientos, en algunos casos contradictorios y nada razonados, para rechazar las actuaciones propuestas por el plan".

Fue en ese escrito donde Cacabelos advirtió de que "no se puede utilizar el PXOM para amparar ilegalidades", y también en ese documento el socialista "habla de determinadas zonas del municipio, en las que existen algunas ilegalidades que debe conocer desde su etapa como alcalde, y pide para esos lugares un tratamiento que no los desampare, por lo que cabe preguntarse cuál es el baremo que aplica Cacabelos".

Acto seguido Pérez recuerda que en O Grove "hay una edificación que destaca sobre las demás, como es el edificio administrativo, aunque solo sea por su condición institucional y porque está en una situación de especial gravedad, ya que existe una resolución de la APLU que determina la ilegalidad de la obra y su demolición".

En este sentido, aunque dice estar en desacuerdo con el proceder del socialista, Pérez asegura que su gobierno actuó para defender la edificación, aunque sin éxito. "La defendimos -aclara- atendiendo a ese principio de racionalidad que indica que sería más el daño derribándolo que manteniéndolo en pie, y sobre todo teniendo en cuenta que con un nuevo marco urbanístico esta edificación puede ser legalizable".

Y ese nuevo marco es el que se deriva de la aprobación del PXOM, "por lo que esperamos llegar a tiempo" para salvar el edificio.

Para terminar, Pérez argumenta que "si atendemos a los criterios de Cacabelos cuando dice que no se utilice el PXOM para amparar ilegalidades no sabríamos qué hacer, ya que no podríamos intentar legalizar el edificio administrativo". Y si ese inmueble no se salva, sentencia el alcalde, a los 900.000 euros empleados en su construcción habría que sumar los 122.000 de su demolición más las multas coercitivas impuestas, "sin olvidar que tendríamos que devolver algo más de 700.000 euros obtenidos como subvención".