La Audiencia Nacional acaba de pronunciarse sobre el litigio que mantienen abierto el Ayuntamiento de Vilagarcía y el Ministerio de Industria por el préstamo "Luz Salgada" que el Gobierno concedió a Ravella en 2006 por valor de 5,9 millones de euros. El juez ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Axencia de Turismo de Galicia -dependiente de la Xunta- contra la resolución del Estado que obliga a Vilagarcía a devolver parte del crédito: concretamente 3.158.215,1 euros de "cantidad no justificada" y 1.183.319,88 euros de intereses. La Audiencia Nacional ya había rechazado en septiembre el recurso planteado por el Concello, por lo que las posibilidades para evitar el reintegro parcial del crédito cada vez son menores. De hecho, la única opción que queda es que la Xunta presente ante el Tribunal Supremo un recurso de casación, un trámite que el Ayuntamiento ya ha realizado.
Gobierno gallego y vilagarciano van de la mano en la defensa de que el préstamo "Luz Salgada" permanezca en las arcas municipales, aunque cada administración ha presentado recursos por separado. En la sentencia de la Audiencia Nacional con fecha de 21 de mayo de 2014 el magistrado utiliza los mismo argumentos ante la Xunta que los esgrimidos ante el Concello para echar por tierra su pretensión de que el Ayuntamiento conserve el crédito íntegro.
La sala cuarta de la Audiencia sostiene que debe mantener "su criterio por razones de coherencia y seguridad jurídica". Recuerda que la sentencia del 25 de septiembre de 2013 que desestima el recurso contencioso-administrativo de Ravella "está recurrida en casación, pero ello no constituye un obstáculo para que apliquemos el mismo criterio".
Mientras que el Ejecutivo gallego a través de la Axencia de Turismo de Galicia sostiene que es la comunidad autónoma la administración competente para el procedimiento relativo a la concesión de préstamos y que la petición de ajuste del proyecto y prórroga solicitada por el Concello es "procedente", la Audiencia Nacional no ha determinado lo mismo, sino todo lo contrario. La justicia no acepta ninguno de los argumentos de la Xunta, incluido el que sostiene que los intereses que el Ministerio de Industria reclama a Vilagarcía son desproporcionados.
Según reza el último fallo judicial de este conflicto entre administraciones, todo comenzó el 25 de marzo de 2006, cuando la Secretaría de Estado, Turismo y Comercio concedió al Concello un préstamo con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT) por importe de 5.999.427,37 euros "para la ejecución de la primera fase 2 y 3 del Proyecto Luz Salgada, adecuación urbanística y medioambiental del último tramo del río de O Con hasta su desembocadura en el Puerto de Vilagarcía". En concreto el tramo 2 tenía por objeto la construcción de un aparcamiento subterráneo en el entorno de Fexdega, entre otras actuaciones.
Tras suscribir el préstamo, el 18 de noviembre de 2009 el Ayuntamiento solicitó la posibilidad de financiar con cargo a ese crédito FOMIT un estudio con un coste de 44.080 euros para dimensionar las plazas del parking subterráneo. Este informe no figuraba en el proyecto inicial, pero la petición fue aceptada por el Estado.
El 11 de diciembre de 2009 el Concello solicitó ampliar el plazo de ejecución de las obras incluidas en el proyecto aprobado y el 29 de abril de 2010 se concedió una ampliación hasta el 25 de mayo de 2012.
Posteriormente a la petición de esta prórroga, Ravella solicitó modificaciones de actuaciones y un nuevo plazo de ejecución, pretendiendo dedicar los fondos destinados al aparcamiento a acometer otras obras, lo que fue informado negativamente por parte del Gobierno central.
El 29 de junio de 2012, Vilagarcía presentó un escrito de requerimiento previo a recurso contencioso-administrativo por la denegación del cambio de destino de los fondos y la prórroga. El 14 de diciembre de ese mismo año el Ministerio desestima ese requerimiento y el gobierno de Tomás Fole recurre esa decisión que más tarde, el 25 de septiembre de 2013, fue avalada por la Audiencia Nacional con una sentencia, la cual se encuentra en casación.
Pero cuando saltaron todas las alarmas en el Concello de Vilagarcía fue el 18 de marzo de 2013. La Secretaría de Estado de Turismo dictaba una resolución en la que exigía el reintegro parcial del préstamo por importe de 3,1 millones más 1,1 en concepto de intereses "sin perjuicio a la actualización de los mismos a la fecha de realización del reintegro". En aquel momento el gobierno de Fole advertía de que la devolución de esa cantidad millonaria dejaría a la capital arousana al borde de la intervención, en quiebra. Pero en octubre, el alcalde defendió que la situación económica de las arcas municipales había mejorado y que era asumible saldar ese dinero. Con todo, la Audiencia Nacional aceptó la suspensión cautelar solicitada por Ravella sobre la devolución del importe, un alivio para el gobierno local.
Contra la orden de devolución dictada en marzo de 2013 recurrió tanto la Xunta como el Concello con requerimientos previos ante la administración, desestimados el 14 de noviembre de 2013. Luego sendos gobiernos presentaron contencioso-administrativos que la justicia ya ha tumbado.
La última baza del Concello de Vilagarcía y de la Xunta de Galicia para evitar el desembolso de 4,3 millones de euros del préstamo "Luz Salgada" se juega en el Tribunal Supremo. La Axencia de Turismo de Galicia contestó ayer a FARO que recurrirá ante el alto tribunal solo si así se lo indica el gobierno de Tomás Fole. "Turismo de Galicia está a disposición de lo que le indique el Concello de Vilagarcía con respecto a este tema. Si considera que debe recurrir, así se hará", expresan desde la Xunta. Con cargo a "Luz Salgada" está pendiente de ejecutarse la segunda fase de la remodelación de la plaza de abastos y el parque de A Xunqueira, pero al estar bloqueado el dinero del préstamo, Fole optó por solicitar fondos a la Diputación para actuar sobre esta concurrida zona verde.
