La Confederación Intersindical Galega anunció ayer la interposición una querella contra la Xunta de Galicia y contra los administradores de las empresas Viajes Silgar y Nurtime, Francisco Janeiro y Enrique Martínez, al considerar que existió un desvío de fondos públicos -dinero que aportaba Benestar a través del concierto con la Residencia Valle-Inclán- entre ambas empresas sin el control necesario por parte de la administración autonómica. El portavoz del sindicato nacionalista, Xoán Xosé Bouzas "Tupi", explicaba ayer que la Xunta, a través de la Consellería de Traballo e Benestar, dio 1,5 millones de euros "a una empresa en concurso de acreedores y sin trabajadores, por eso entendemos que es consentidora de lo que está ocurriendo en estos momentos". La querella se ha presentado en los juzgados de Santiago, al encontrarse en ese partido judicial.

Los responsables de la CIG siguen considerando que la situación en la que se encuentra la residencia Valle-Inclán tiene dos culpables principales, los dos administradores, mientras que la Xunta "ha sido cómplice de toda la actuación". Esta teoría "es respaldada por la Fiscalía y si salen culpables, los dos administradores tendrán que responder con su propio patrimonio".

El conflicto judicial que arrastra la residencia Valle-Inclán no acaba aquí, ya que en la jornada de hoy se celebran los juicios que todavía están pendientes por el despido de más de una treintena de trabajadoras. Hasta el momento, los cuatro juzgados de lo Social de Pontevedra han dictado sentencias de nulidad a más de una veintena de despidos y en la CIG creen que el resto de sentencias van a seguir un camino similar. "Ojalá que la empresa pueda seguir siendo viable sin las 110 plazas concertadas, como afirmaron recientemente, aunque tenemos nuestras dudas, pero lo que pide la CIG es que, con concierto o sin él, debe readmitir a los trabajadores despedidos, como obligan las sentencias de nulidad de los cuatro juzgados de lo Social de Pontevedra", explica Bouzas. Además, alertan de que la situación económica de la empresa no es precisamente buena, "ya que todavía les debe 1,5 millones de euros en concepto de salarios a los extrabajadores despedidos y 700.000 a la Seguridad Social, tal y como se reseña en un informe de la Inspección de Trabajo". Para la readmisión de esas extrabajadores despedidos se ha solicitado ya la ejecución de sentencia.

Críticas a Durán

Bouzas reconocía ayer que no salía de su asombro por las declaraciones del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, al que acusa de "mentir" en su ataque "visceral" a la CIG.

Por eso cree el sindicalista de la central nacionalista que "es conveniente puntualizar que no fue la CIG la que denunció el concurso, sino que fue el ORAL, organismo dependiente de la Diputación de Pontevedra, el que pidió al juzgado que se ejecutase la liquidación porque no se estaba cumpliendo el concurso de acreedores".

El sindicalista también cree que es necesario recordarle a Durán que "en este conflicto no ha habido voluntad política para solucionar las cosas, y los únicos que defendemos los puestos de trabajo fuimos la CIG y el colectivo de empresarios, mientras él se comprometía a mediar y acabó mirando hacia otro lado". De todas formas, al igual que el regidor vilanovés, el sindicato entiende que "todavía estamos a tiempo de buscar una solución en la que él puede mediar, porque desde el pleno no hizo nada más".

También quiso puntualizar Bouzas que los liberados sindicales de la CIG "no vivimos de las subvenciones, sino de las cuotas de nuestros afiliados, por lo que nunca está entre nuestros objetivos cerrar empresas; además, él debería de saber que sí planteamos propuestas para el empleo, porque le pedimos su apoyo para la ILP con un centenar de medidas".