El Estado sigue sin resolver la deuda que mantiene con las trabajadoras de Charpo

Las mujeres se reúnen mañana con los administradores judiciales para reclamar una deuda de casi un cuarto de siglo

29.05.2013 | 08:14
Extrabajadoras de Charpo en una asamblea en la casa da cultura de Vilanova de Arousa. // Iñaki Abella
Extrabajadoras de Charpo en una asamblea en la casa da cultura de Vilanova de Arousa. // Iñaki Abella

Hace un cuarto de siglo, la administración concursal de la conservera Charpo, en Vilanova de Arousa, decidió cerrar la empresa que había sido intervenida al clan de los Charlín. Esa decisión supuso que más de 70 mujeres se fueran a la calle sin ningún tipo de indemnización en el momento, aunque esperando que, algún día, se les abonase el dinero que se les adeudaba. Casi 25 años después, las mujeres siguen esperando cobrar gran parte de lo pendiente, en su mayoría intereses generados durante todos estos años en los que no se les ha liquidado.

Ni siquiera tras la subasta de los bienes de las empresas que gestionaba la familia Charlín, se ha conseguido cerrar esa deuda, que continúa generando unos intereses estratosféricos. Las afectadas acuden mañana a un encuentro con los administradores concursales para analizar la deuda, que supera el millón de euros. Es el primer encuentro desde hace dos años, cuando se registraron varias reuniones entre representantes de las trabajadoras y los administradores judiciales que solo sirvieron para reducir en parte la deuda, al abonarse 400.000 euros de lo que se recaudó en la subasta de bienes de las empresas del clan.

"La mayor parte de la deuda que queda pendiente es de los intereses de demora, a los que no vamos a renunciar, ya que nosotras no tenemos culpa de que la situación siga así después de 24 años de cerrar la fábrica", explica una de las afectadas. Es más, no fue la familia Charlín la que despidió a las trabajadoras, "sino la administración judicial, que no nos ha liquidado todavía". Las mujeres esperan también recaudar fondos a través de la subasta de un bajo céntrico en Madrid, con el que se quedaron antes de la intervención judicial a la que fue sometida la empresa Charpo.

La crisis de Charpo comenzó a principios de los 90, cuando se organizó un serio conflicto laboral entre las trabajadoras y la familia Charlín, responsable de la factoría. La situación de las trabajadoras se agravó en 1995, cuando la Audiencia Nacional intervino la empresa por las actividades delictivas del clan. En esos momentos se nombraron unos administradores judiciales que la gestionaron hasta que, en 1999, anunciaron la disolución de la firma, despidiendo a todas las empleadas. Desde ese mismo momento, han realizado una travesía por el desierto en la que han ido recuperando parte de la deuda.

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