La nueva Ley de Costas diseñada por el Gobierno del Estado no acaba de convencer en aquellos núcleos que se van a ver más afectados por ella.

Si hace tan solo unos días los vecinos de As Sinas, en Vilanova de Arousa, mostraban sus dudas sobre el nuevo articulado, ayer el alcalde de A Illa, el socialista Manuel Vázquez, también se sumó a esas críticas llegando a afirmar que la nueva normativa presenta una serie de cambios que la convierten en más restrictiva, incluso, que la aprobada en 1988.

Para empezar, la primera lectura realizada al documento "no aclara en ningún punto qué va a pasar con los núcleos rurales en Galicia pese a que antes de las elecciones se habló de que iban a solucionar los problemas".

Es más, la nueva normativa puede ser incluso "más restrictiva" que la actual pues además de contar con los cuatro servicios básicos que deben figurar en todo territorio calificado como urbano (agua, alcantarillado, luz y acceso rodado) se suma la necesidad de que un tercio de la extensión que ocupa ese núcleo rural se encuentre edificada.

"Con la anterior, si se demostraba que contaba con los servicios básicos antes de 1988, esos terrenos pasaban a ser urbanos de facto, pero en la nueva ley incrementan los requisitos", explica. De hecho, A Illa logró ganar una lucha con Costas del Estado para salvar las casas de Cabodeiro, lugar que demostraron que contaba con la mayor parte de los servicios básicos mucho antes de 1988. La Audiencia Nacional y el Supremo acabaron dándole la razón a A Illa de Arousa, que había interpuesto un contencioso contra el deslinde marítimo terrestre en la zona, reconociéndole que Cabodeiro era un entorno urbano y que se debía reducir la línea de protección a los veinte metros.

A mayores "en la nueva ley se dejan muchas cuestiones a interpretación de los responsables de Costas, algo inaudito porque una ley no puede quedar a la interpretación del director general de turno", explica Vázquez, antes de lamentar que con Galicia no se haya hecho el mismo trabajo que con once puntos de la costa española, la mayor parte en el litoral levantino, "en el que no existe lugar a dudas sobre su legalización mientras para la costa gallega no está nada claro lo que van a hacer".

Insiste Vázquez en el hecho de que "la literatura de la Ley no contempla por ninguna parte las cosas que se anunciaron hace unos meses, y no dudo de que la intención es solucionar los problemas que existen en el litoral, pero lo único que hace en Galicia es consolidar Ence 75 años más y mucho me temo que los núcleos rurales van a seguir en la misma situación".

Más afectado

A Illa es uno de los municipios más afectados por la Ley de Costas y por todas las normativas vinculadas a ella, como es el Plan de Ordenación do Litoral, puesto en marcha por la Xunta y que, en muchos puntos, entra en contradicción con el nuevo documento que pretende aprobar el Gobierno.

Desde el municipio llevan años reclamando un trato especial por parte de Costas, un trato que reconozca la singularidad del único municipio gallego que es una isla.

Pese a que la mayor parte de las administraciones en la última década se han comprometido a buscar una solución para reconocer esa singularidad, nunca ha sido así, por lo que los problemas para edificar, hasta en pleno casco urbano, acostumbran a ser una constante. En el municipio existen viviendas sobre las que penden expedientes de demolición al estar afectadas por Costas.