La Audiencia Nacional acoge desde hoy uno de los juicios contra el narcotráfico más importantes de los últimos meses. En el banquillo de los acusados se sentarán media docena de arousanos acusados de integrar una banda que en 2008 pretendería introducir en Galicia entre 15 y 20 toneladas de cocaína.
El juicio durará cinco días -tras las vistas de hoy y mañana se celebran los días 20, 21 y 22-, pues además del caso por narcotráfico se juzgará también un presunto delito por blanqueo de dinero. El fiscal pide para los dos principales procesados 14 años de cárcel. Estos son el cambadés José Constante Piñeiro Búa, "Costiñas", y el vilagarciano Óscar Manuel Rial Iglesias, "El Pastelero". Según el escrito de acusaciones ambos financiaron la operación frustrada por Aduanas, que a finales de mayo de 2008 abordó en alta mar el San Miguel, un pesquero venezolano que transportaba 3.500 kilos de cocaína.
En un segundo escalón de la jerarquía se encontrarían el cambadés José Andrés Bóveda Ozores, "Charly" o "Sandokan", Francisco Padín Fernández, "Fran el Pardillo", los hermanos Juan Carlos y Francisco Cañón García, y el italiano Marco Fabrizi. El Ministerio Público pide 11 años de cárcel para cada uno de ellos.
José Andrés Bóveda sería el encargado de proporcionar la infraestructura marítima; Francisco Padín tenía presuntamente una nave donde se ponían a punto los motores de las planeadoras; y los hermanos Cañón y Fabrizi pilotarían las embarcaciones que iban a recoger la droga en alta mar para descargarla posteriormente en las rías de Vigo o Arousa.
Otro de los procesados principales es el boirense José Luis Fernández Tubío, que iba en la lancha que salió al encuentro del San Miguel. El fiscal pedía inicialmente para él 12 años de cárcel, pues es reincidente, pero podría rebajar considerablemente esta petición puesto que ha colaborado con la justicia, hasta el extremo de que identificó a los dos supuestos líderes de la organización, que en el momento del alijo eran desconocidos.
Entre los procesados hay también una docena de ciudadanos venezolanos, que son los tripulantes de las dos embarcaciones que transportaban la droga hacia la península Ibérica. Al parecer, algunos de ellos han regresado a su país tras quedar en libertad varios meses después del apresamiento del buque.
El auto de procesamiento lo hizo el magistrado Eloy Velasco, quien destacó de la organización su elevado grado de profesionalización y su voluntad de permanencia, hasta el extremo de que incluso había sobornado a agentes de Aduanas de dos puertos gallegos.
