Bienes incautados a los narcotraficantes se devalúan al faltar medios para mantenerlos

Un informe pericial de Fiscalía señala que el patrimonio de 15 millones decomisado a "Pelopincho" se depreció en 5 millones - La opción es encontrar administradores

03.03.2013 | 07:10
Coches incautados a la red de blanqueo de Pelopincho que fueron quemados. // Iñaki Abella
Coches incautados a la red de blanqueo de Pelopincho que fueron quemados. // Iñaki Abella

Articular soluciones que permitan gestionar los bienes incautados a los narcotraficantes durante las prolongadas fases de instrucción de los procedimientos por tráfico de drogas o blanqueo sigue siendo una asignatura pendiente para el Gobierno. El objetivo, evitar que los grandes patrimonios decomisados a los narcos lleguen a manos del Estado devaluados por la falta de medios que tienen los juzgados o la Fiscalía para administrarlos.

El deterioro, la devaluación o incluso la ruina de estos bienes es habitual en muchos de los grandes procesos contra el narcotráfico y blanqueo. Uno de los ejemplos más significativos es muy reciente. En noviembre del pasado año el Supremo ratificó la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra por la que se condenaba a penas de prisión a la práctica totalidad de los testaferros del narcotraficante José Antonio Pouso Rivas, alias "Pelopincho", quien se encuentra en paradero desconocido.

El fallo del Alto Tribunal confirmaba que el Estado pasaba a ser el titular de todo el patrimonio decomisado y que, cuando se inició la instrucción ocho años atrás, estaba valorado en 15 millones de euros. Su destino es el fondo del Plan Nacional sobre Drogas, que cuando recibió la sentencia comenzó a trabajar para poder subastar estos bienes y así revertir las ganancias obtenidas con el narcotráfico en programas de prevención y reinserción. Sin duda, un buen pellizco ahora que los presupuestos para actuaciones que también se ven mermadas por los recortes.

Sin embargo, cuando el Plan Nacional sobre Drogas preguntó por los bienes, poco se sabía realmente de la situación en la que se encontraban y, en algunos casos, incluso no estaba muy claro dónde. Fue por este motivo que la Fiscalía y el juzgado de Caldas encargaron la elaboración de un nuevo informe pericial en el que se pasaría revista a los más de 130 embargos ordenados, que incluían una decena de mansiones o chalés, 23 viviendas, numerosos locales comerciales, joyas, obras de arte, una flota de más de una veintena de vehículos, cuentas bancarias y dinero en efectivo, entre otros. El resultado de este informe ya fue remitido por la Fiscalía de Pontevedra al Plan Nacional sobre Drogas para que pueda disponer de los bienes y sacarlos a subasta. El trabajo resultante no hizo más que dar la razón a quienes reclamaban más medios para administrar estos bienes. El perito comprobó como el paso del tiempo arruinó la mayor parte de la flota de automóviles y como el estallido de la burbuja inmobiliaria ha depreciado considerablemente el valor de las propiedades incautadas. El informe señala que el patrimonio de "Pelopincho" se ha devaluado en cinco millones, de los 15,5 millones en los que fue valorado inicialmente a los 10.629. 708 euros en los que está tasado en la actualidad. La cifra podría haber sido mayor de no ser porque la Fiscalía de Pontevedra y el pequeño juzgado de Caldas se ocuparon en la medida de lo posible de realizar labores propias de un administrador de los bienes para evitar su deterioro total. Se llegó a nombrar a un gestor de los mismos y a pagar recibos de los inmuebles, pero aún así, la falta de medios impidió proteger todo este patrimonio. El "crack" inmobiliario depreció el valor de los edificios, que acumulan deudas importantes con comunidades de vecinos y ayuntamientos en concepto de tasas e impuestos. Una flota de automóviles, muchos de alta gama, acabó en la ruina. El mobiliario de lujo de las residencias de lujo de "Pelopincho" abandonado...

Fuentes judiciales señalan que la Operación Cormorán es solo un ejemplo -quizá el mejor, por su magnitud- de las dificultades que tienen los juzgados a la hora de gestionar los bienes decomisados, ya que la situación se repite en casi todas las grandes operaciones.

La creación de un gran depósito general para custodiar los bienes más perecederos sería una respuesta paliativa pero no la más importante. Fuentes judiciales siguen apostando por articular medidas como equipos de profesionales que se dediquen a gestionar estos grandes patrimonios mientras no hay sentencia. Un sistema similar al que se utiliza en los juzgados de lo Mercantil con los administradores concursales, de tal forma que liberaría a los juzgados y a los fiscales de esta función.

Otra medida que podría contribuir a impedir estas pérdidas millonarias sería arbitrar mecanismos para que los juzgados pudieran proceder a la venta anticipada de los bienes, sobre todo en el caso de los más perecederos (vehículos o embarcaciones), antes incluso de que hubiera sentencia firme.

Fuentes de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra explican que alguno de los instrumentos que permitirían una mejor gestión de los bienes decomisados a los narcotraficantes ya están contemplados en el actual ordenamiento jurídico. Es el caso de la conocida como oficina de recuperación de activos judiciales, una figura que se incorporó a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2010. El problema radica en que, aunque la legislación contempla la creación, no se ha puesto en marcha.

Esta oficina actuaría como administradora de los bienes decomisados incluso durante los periodos de instrucción, liberando así de este trabajo a juzgados y fiscales. El Plan Nacional sobre Drogas sería el encargado de gestionarla en el caso de patrimonios procedentes del narcotráfico y blanqueo.

La oficina de recuperación de activos serviría para localizar y administrar el patrimonio incautado no solo a organizaciones criminales, sino también a procesados en casos de corrupción.

La puesta en marcha de esta oficina fue uno de los aspectos más demandados por fiscales y magistrados pontevedreses durante el último congreso que celebró en enero la Fundación Galega Contra el Narcotráfico en Vilagarcía de Arousa y al que asistieron miembros de la Comisión Mixta de Congreso y Senado para el estudio del problema de las drogas, quienes tomaron nota de esta petición.

Un foro en el que también se demandó la creación de juzgados especializados en narcotráfico.

Fuentes de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra explican que alguno de los instrumentos que permitirían una mejor gestión de los bienes decomisados a los narcotraficantes ya están contemplados en el actual ordenamiento jurídico.

Es el caso de la conocida como oficina de recuperación de activos judiciales, una figura que se incorporó a la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya en el año 2010.

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