Dos de las tres hermanas que aseguran ser nietas de un rico emigrante de Meis fallecido en 1954 en Argentina continúan con su batalla judicial para que se les reconozca el parentesco con el indiano, lo que les permitiría cambiar sus apellidos y disfrutar de una parte importante de la herencia.

El Tribunal Supremo acaba de rechazar un recurso que el abogado de las mujeres, el andaluz Fernando Osuna, había presentado contra las sentencias anteriores del juzgado de Cambados y de la Audiencia de Pontevedra. Por ello, recurren ahora al Tribunal Constitucional, y no descartan ir también al de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La historia que motiva este complejo proceso judicial se inició en las primeras décadas del siglo pasado, cuando José Benito Torres Bouzas, de Paradela (Meis), tuvo un hijo fuera del matrimonio al que nunca reconoció oficialmente, aunque según el abogado Fernando Osuna sí lo hizo en la intimidad.

Posteriormente, José Benito Torres emigró a Argentina, donde fallecería años más tarde sin descendencia, mientras que su hijo en Galicia, Nemesio Domínguez Moraña, nunca solicitó el reconocimiento de la paternidad, hasta el extremo de que llevó solo los apellidos de su madre. El indiano dejó a su muerte un extenso patrimonio, compuesto por más de sesenta fincas rústicas y solares, repartidas por varios municipios de Pontevedra y valorados en unos diez millones de euros.

El legado le quedó inicialmente a un pariente lejano discapacitado, y a la muerte de éste se dispersó entre numerosas manos. Según los argumentos defendidos por Fernando Osuna, las tres hermanas se enteraron hace poco de que su padre había sido el único hijo de José Benito Torres y decidieron reclamar la filiación, al entender que era un acto de justicia. El caso llegó a los juzgados, pero han perdido en todas las instancias.

El juez de Cambados manifestó que deberían haber reclamado la filiación como muy tarde un año después del fallecimiento de su padre –este plazo no se cumple– y que el ordenamiento jurídico no contempla la posibilidad de que los nietos reclamen los apellidos cuando ha transcurrido más de ese tiempo. Por ello no autorizó la realización de las pruebas genéticas de ADN que solicitaban las hermanas, y con las que demostrarían ser nietas del rico emigrante. Pero el abogado entendía que esta sentencia va en contra de la realidad social, argumentando que a mediados del siglo XX era muy difícil reconocer la filiación padre–hijo si ésta era fruto de una relación extramatrimonial, y elevó el caso a la Audiencia de Pontevedra. Pero volvieron a perder.

Llevaron entonces el asunto al Tribunal Supremo, alegando que no se habían tenido en cuenta pruebas importantes, como la del ADN. Pero el Alto Tribunal también rechazó sus planteamientos, por lo que ahora acuden al Constitucional.

Fernando Osuna sostiene que al no permitir pruebas como la del ADN se están vulnerando los derechos de sus patrocinadas, y que se les deja en situación de desigualdad con respecto a una persona que quiere saber quién es su padre. Por ello, el letrado manifiesta que los anteriores fallos judiciales están conculcando el artículo 34 de la Constitución Española, según el cual todo ciudadano tiene derecho a la "tutela efectiva" de la justicia.

Pero desde que el proceso se inició, en 2009, una de las hermanas ya se ha retirado del mismo. Las mujeres viven en Meis, Pontevedra y Denia (Alicante), y la más joven de ellas, la pontevedresa, ya no está en la batalla legal. Mientras, la residente en Meis, Dolores Domínguez Arcos, afirmaba ayer que ya se esperaba un proceso judicial muy largo cuando empezó todo. "Todo el mundo nos decía ya que esto no iba a ser para nosotras, que sería para los nietos".

Cree que el juicio de Cambados se perdió porque el juez no admitió pruebas relevantes y porque "nosotras no estábamos bien coordinadas. De hecho yo ni siquiera conocía al abogado. Lo conocí ese día". Finalmente, declara que "confío en la verdad. Es cierto que somos las nietas, y con el tiempo se demostrará".