La situación que atraviesa la empresa conservera Carson, con sede en Castrelo (Cambados), hace que una treintena de trabajadores teman quedarse en el paro, sin cobrar, y que un número indefinido de proveedores denuncien que han suministrado producto, sobre todo mejillón, que tampoco les ha sido abonado. Es por ello que instan a la Xunta a tomar cartas en el asunto "para evitar un posible fraude o un alzamiento de bienes".
Representantes de esos trabajadores y proveedores tienen previsto dirigirse hoy a las consellerías de Industria y de Mar para que tomen cartas en el asunto y frenen la posible venta de la empresa, que al parecer estaría negociando con una nueva compañía para deshacerse de la factoría asentada en Castrelo antes de abonar lo que debe.
Javier Blanco
Javier Blanco, presidente de la Asociación de Mexilloeiros Virxe do Rosario (Vilagarcía), una de las entidades afectadas, ya que suministró molusco que aún no cobró, indica que "en este caso hay 35 empleados que llevan cinco meses sin cobrar y una gran cantidad de proveedores con facturas que esperan ser abonadas".
Sin embargo, "y por increíble que parezca, mientras en Alfageme se invirtieron 50 millones de euros para intentar reflotarla, en este caso se le cerraron todas las puertas, a pesar de que con un par de millones esta conservera era viable".
"Hay garantías"
En cualquier caso, y quizás para tranquilizar a sus asociados –está por ver qué ocurre con los demás proveedores–, Javier Blanco explica que Virxe do Rosario formalizó una opción de compra, que sigue en vigor, e incluso pactó con la dirección de la empresa Carson un posible embargo de bienes para cubrir la deuda acumulada en caso de impago, y eso supone que "hay garantías suficientes para recuperar todo el dinero", asegura el vilaxoanés.
Sin embargo, la situación se ha complicado ahora que entró en escena una segunda empresa "que está involucrada en fraudes y alzamientos de bienes cometidos en otros puntos de España, y hay sentencias que así lo demuestran".
Lo que pretenden los proveedores y trabajadores de Carson es que la Xunta impida maniobrar a esa segunda compañía, al tiempo que indican que "no se puede vender lo mismo a dos compradores distintos, y en este caso Carson no puede venderse mientras no abonen la deuda o no embarguemos los bienes", recalca Javier Blanco.
Sospechas e informes
De todo esto pretenden conversar con los responsables de Industria y de Mar, "para informarles de que no pueden ayudar a la empresa compradora e incluso dar a conocer la identidad de alguien del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) que habría entorpecido la continuidad de Carson y facilitado la entrada de esa segunda empresa".
Se trata de "un grupo inversor que acumula una larga lista de posibles estafas a sus espaldas y cuyos dirigentes fueron declarados en rebeldía por algún juzgado", denuncian en Virxe do Rosario, cuyo presidente sentencia que "las maniobras que se están realizando pueden dar lugar a un alzamiento de bienes o a una estafa que no vamos a permitir, por eso queremos exigir responsabilidades y que se impliquen tanto la Xunta como el Ministerio Fiscal".
A este respecto, "vamos a actuar en los juzgados o donde sea necesario contra la empresa vendedora y contra la posible compradora para defender nuestros derechos y hacer valer las condiciones que en nuestro caso nos garantizan plenamente el cobro de lo adeudado", concluye Javier Blanco.
Sus asesores manejan diversa documentación, a la que ha tenido acceso FARO, que abarca desde sentencias judiciales contra la empresa que supuestamente quiere comprar Carson hasta el acuerdo alcanzado por la Asociación de Mexilloeiros Virxe do Rosario y los propietarios de la conservera ubicada en Castrelo.
Los papeles existen
Según se ha podido comprobar ayer, efectivamente, existe un convenio según el cual la asociación de bateeiros vilagarciana puede hacerse cargo de propiedades, maquinaria y todo tipo de bienes de Carson para cubrir sobradamente la deuda que tiene acumulada con la conservera.
Por el contrario, parece que hay otros proveedores que quizás no tengan la misma suerte, ya que carecen de un contrato o acuerdo previo para garantizar ese cobro.
