Los mejilloneros gallegos se enfrentan al peor momento de su historia. Una auditoría realizada en el Consello Regulador Mexillón de Galicia (CRMG), el órgano supuestamente llamado a representar y aglutinar a todo el sector, dice que está en situación de "quiebra técnica" e "insolvencia", que debe devolver a la Administración 1,2 millones de euros que cobró de manera supuestamente irregular y que atraviesa dificultades para afrontar la deuda a corto plazo.

La firma Servicios de Auditoría y Consulting de Empresas S.L. (SACE) elaboró este informe, que la Consellería do Mar trasladó hace semanas el presidente del Consello Regulador, Francisco Alcalde, y que ayer dio a conocer al grueso de los bateeiros, quienes asumen que el asunto debe ponerse en manos del Tribunal de Cuentas y del Consello de Contas para que decidan qué hacer.

Y es que el documento habla de una situación con diferentes problemas financieros, gastos que necesitan ser justificados y contrataciones de personal presuntamente ilegales, todo ello entre enero de 2005 y octubre de 2009, cuando el presidente era Ramón Dios.

Aunque la Xunta se niega a facilitar datos, tras la reunión celebrada ayer con los mejilloneros trascendió que la auditoría alude a 1,3 millones de euros que se califican como "gastos no admitidos", es decir, dinero que llegó a través de convenios y ayudas que al parecer no fueron justificados adecuadamente.

Se trata de "gastos justificados que no son objeto de convenio, gastos realizados fuera del periodo de vigencia del convenio o bien gastos no pagados". Y por unas razones u otras conforman un paquete de ayudas "indebidamente percibidas" por el Consello Regulador que suman 1.248.310 euros"; cantidad que el CRMG "debería reintegrar junto con los intereses de demora".

Sea como fuere, la deuda calculada a 31 de octubre de 2009 en el CRMG es de 1,7 millones de euros, y esto quiere decir que tanto si se devuelven las ayudas "indebidas" como si no, "la entidad no dispone de activos suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones".

Existe, por tanto, "un desequilibrio patrimonial que provoca incertidumbre sobre la continuidad y el normal funcionamiento de su actividad económica", advierte SACE.

Esta empresa está convencida de que "el nivel de endeudamiento del CRMG es excesivo para los recursos de los que dispone", pero también cree que dicho órgano "va a tener dificultades para atender sus deudas a corto plazo" y considera que "presenta una situación de insolvencia que puede dar lugar a un sobreseimiento de pagos".

La auditoría desplegada por SACE a petición de la mayoría de los bateeiros hace seis meses –antes de las elecciones al CRMG– dice que este órgano "no dispone de registro contable de 2009, no tiene presupuestos aprobados en tiempo y forma para 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 y carece de libro de actas debidamente diligenciado".

No es todo. El Consello, que al parecer se negó a facilitar toda la información que le fue requerida por el auditor, tiene un sistema contable tan deficitario, según dice el informe, que "no refleja ingresos, gastos, derechos y obligaciones", a pesar de que es necesario para gestionar adecuadamente los fondos recibidos y controlar el gasto.

A las carencias citadas se suma el hecho de que el CRMG "no elaboró memoria de actividades" para su remisión a la Xunta, a pesar de que lo exigen su reglamento y la legislación; las cuentas de 2006 y 2007 "se aprobaron conjuntamente, y fuera de plazo"; y los resultados contables de 2005, 2006 y 2007 se enviaron a la Administración en octubre de 2009, sólo después de que el sector exigiera tener acceso a ellas y pidiera la mediación de la Consellería.

La entidad que presidió Ramón Dios, y ahora lidera Francisco Alcalde, "no legalizó los libros contables exigidos –continúa el auditor–, no existe manual de procedimientos escrito, no hay Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y se observa que existe una dispersión de documentación en los procesos administrativos y económicos y que la guardia y custodia de la documentación no es adecuada".

A lo largo del expediente presentado ayer al sector, que parece asombrarse con lo que ahora sale a la luz, se incide en que la gestión del Consello no se desarrolla a través de presupuestos de vigencia anual, y además "tampoco se identifican adecuadamente las actividades realizadas en cada ejercicio económico" y "se incumple la normativa en materia de contratación de personal, rendición de cuentas y justificación de ayudas".

A este respecto, parece que el personal responsable del CRMG "no efectúa pruebas suficientes y adecuadas para verificar y comprobar la información obtenida de los registros contables, financieros y presupuestarios", como tampoco hay constancia de que ese personal efectúe controles adecuados "para detectar posibles errores o irregularidades", según SACE.

El control ejercido sobre los bienes materiales del CRMG "no es adecuado (…); no hay soporte documental de la autorización de pago en las domiciliaciones en cuenta, pagos con tarjeta y pagos de nóminas (…); no consta autorización de los pagos por caja, que básicamente son gastos menores por dietas y pequeñas compras (en el año 2008 ascendieron a 15.632 euros); y no hay un registro actualizado de los asociados", relata la auditoría, que comprobó que en 2008 se repusieron en caja 14.700 euros mediante reintegros en efectivo "y 1.453 procedentes de compra de dólares".

Uno de los apartados que merecen una atención especial es el referido a los gastos e ingresos en los años 2005, 2006, 2007 y 2008. En ese periodo el CRMG ingresó del orden de 2,3 millones de euros procedentes de ayudas de la Administración, a los que se suman los ingresos por el desarrollo del programa europeo Gestinmer y el cobro de unos 84.000 euros a la Asociación Gallega de Depuradores (Agade) y a la Organización de Productores Mejilloneros de Galicia (Opmega) por ceder para sus oficinas una parte del edificio vilagarciano Mexillón de Galicia; cesión que, como se explicará específicamente más adelante, también se considera irregular. Aunque cabe recordar que a Opmega pertenecía la asociación de mejilloneros A Illa, cuando de ella salió Ramón Dios para presidir el Consello, y a esa central pertenece aún Aspromeri, la entidad rianxeira de la que procede Francisco Alcalde.

La empresa SACE llega a reconocer que la auditoría presenta algunas lagunas ante las dificultades para acceder a documentos y expedientes, y también debido a que están pendientes de resolución asuntos que pueden acarrear un considerable gasto extra al sector, lo que a la postre modificaría las cuentas.

Pero a pesar de las dificultades, la auditoría llega a conclusiones significativas, pues parece constatar que la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mejillón de Galicia es una marca de calidad hasta ahora inservible o insignificante en cuanto a ventas. Es lo que se deduce tras comprobar que hay etiquetas de la DOP sobrantes desde el año 2005 y anteriores que provocan una pérdida estimada de 11.399 euros. Cuando los auditores preguntaron al CRMG por los motivos de ese stock de etiquetas les respondieron que "hace años que no se realiza la venta de etiquetas de la DOP porque no las solicitan los socios".

Frente a todo esto, SACE recomienda la elaboración de un Manual de Procedimientos que, aprobado por el pleno del CRMG, "recoja un sistema contable e implante un control interno adecuado y suficiente para permitir una auditoría completa". Aboga, igualmente, por desarrollar la gestión económica a través de presupuestos anuales, implantar un sistema contable que refleje gastos, ingresos, derechos y obligaciones, y defiende "un plan de viabilidad que corrija el desequilibrio patrimonial y la situación de insolvencia".