Los sindicalistas de CIG, Xavier Agulla y Xoán Xosé Bouzas Aboi, dieron a conocer ayer los términos del recurso presentado por esta central contra el Expediente de Regulación de Empleo, ERE, en el grupo de empresas Maderas del Atlántico, ubicado en la carretera de Vilagarcía a Caldas de Reis. El sindicato ve indicios de irregularidades en los datos presentados por la empresa y en los que se basó la resolución favorable del ERE por parte de la jefa territorial de la Consellería de Traballo.

Los representantes de CIG celebrarán una reunión el próximo viernes con el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, con el fin de solicitarle la convocatoria de una mesa de mediación para conseguir que se frene la aplicación del ERE mientras no se resuelva el recurso interpuesto ante el director xeral de Traballo.

Agulla y Bouzas expusieron que en el recurso los asesores legales del sindicatos hacen un pormenorizado análisis del anterior expediente de regulación de empleo aprobado para el grupo el año pasado, mediante el cual la empresa sólo hizo uso de un porcentaje de los días que tenía autorizados de suspensión de contratos.

Según los datos que maneja la CIG, en conjunto, el grupo Maderas del Atlántico sólo precisó suspender contratos de trabajo por un total de 2.186 días cuando podía haberlo hecho por 9.200 días, por lo que utilizó un 23,76% de los recursos que le permitía el ERE.

"En consecuencia queda acreditado que en el segundo semestre de 2009 existió trabajo suficiente como para tener permanentemente operativo el 76,24% de la plantilla. De la documentación aportada por la empresa a los representantes de los trabajadores, no se aprecia que exista un descenso de la actividad en los primeros meses de 2010, sobre las cifras del segundo semestre de 2009. En consecuencia, dado que la empresa solo precisó suspender el 23,76% de los contratos de su personal en el segundo semestre, no estaría justificado un expediente de regulación de empleo que pretende reducir 30 puestos de trabajo, sobre un total de 96 (32,29% del plantel) y, a mayores, suspender los contratos del resto. Sería un exceso de facultades que la experiencia demostró que no precisan ser movilizadas en favor de la empresa, que aprovecha la situación de crisis económica para plantear un ERE con lo que pretende flexibilizar las relaciones laborales, muy por encima de las necesidades reales", dice CIG.

Los sindicalistas señalan que no está acreditada la veracidad de las cifras aportadas por la empresa dado que para fundamentar la extinción de contratos en causas económicas debe aportar documentación auditada del estado y evolución de la situación económica, financiera y patrimonial en los últimos tres años. Además, entienden que hay indicios de irregularidades porque no se corresponden los malos datos del segundo semestre de 2009 con el volumen de trabajo real que la empresa realizaba durante ese período.