Miembros de las plataformas en defensa de las rías de Arousa, Vigo y Pontevedra junto con asociaciones de productores de las Rías Baixas denunciaron ayer el incremento de vertidos tóxicos en el entorno de las islas de Sálvora y Ons.

El presidente de la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Xaquín Rubido, señaló que estos vertidos están autorizados desde el año 1998 por un informe del Cedex, un organismo directamente dependiente del Ministerio de Fomento. Rubido echó mano de fotografías y elementos gráficos recogidos por un sonar para ejemplificar que, a día de hoy, el entorno de las citadas islas pertenecientes al Parque Natural das Illas Atlánticas está "invadido" por una montaña de más de veinte metros de altura de residuos altamente contaminantes.

Tanto los ecologistas como las asociaciones de productores señalaron que su mayor preocupación es que, con las corrientes, las partículas tóxicas se desplacen a las inmediaciones de las rías y que perjudiquen notablemente al marisco y a la pesca.

Administraciones

Los ecologistas aclararon que, por el momento, ninguna de las administraciones implicadas en el asunto "nos han hecho caso, sea cual sea su color político". Vinculado a ello, desde la Plataforma en Defensa de la Ría de Vigo han solicitado en reiteradas ocasiones una entrevista con la conselleira de Mar, Rosa Quintana, para tratar este y otros temas y que, según el colectivo, "no hemos obtenido respuesta de ningún tipo".

Medidas de presión

Los ecologistas advierten además que continuarán con las medidas de presión necesarias para que el informe del Cedex de 1998 que, según ellos, está "totalmente obsoleto", reconsidere sus epígrafes para evitar lo que ellos llaman un "atentado medioambiental". De hecho, no descartan la posibilidad de presentar una denuncia formal ante el Tribunal Europeo de Bruselas.

Los ecologistas consideran necesaria la moratoria a los vertidos, así como la puesta en marcha de una mesa de diálogo en la que participen distintos sectores de la sociedad y de la investigación para buscar una solución "de consenso".

Del mismo modo, no descartan la posibilidad de iniciar movilizaciones como medida de presión para que se tomen medidas "urgentes" en un tema en el que se lleva luchando desde hace muchos años sin que se haya llegado a una solución.