Desde el Concello de Marín insistían ayer en que su fin es "defender al Puerto y a todas las empresas que en él se ubican y que, de conformidad con la normativa urbanística vigente, se puedan conceder la licencia de obras y actividad oportunas para llevar a cabo sus cometidos empresariales e industriales, siendo su otorgamiento una actuación reglada y, por lo tanto, no sometida a valoraciones, sino a informes que se apoyan y se sustentan en la normativa vigente que les resulta de aplicación". Precisamente, el Concello acaba de dar licencia a Cabomar Congelados, una de las empresas afectadas por la sentencia de los rellenos, en base al nuevo plan especial del Puerto aprobado en 2013. Un documento en vigor pero también recurrido en los juzgados.
