El paro de los funcionarios de los juzgados gallegos se ha convertido en el primer problema de la Xunta. Un problema muy singular por la reivindicación de unos trabajadores a un empleador para el que no trabajan y que sin embargo tiene que pagarles. Los trabajadores de la justicia en Galicia trabajan para los juzgados y tribunales que con independencia resuelven y protegen los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

Los funcionarios de la Administración de Justicia son unos empleados públicos que pertenecen a distintos cuerpos nacionales y pueden desarrollar su actividad laboral en cualquier parte de España. Pero, al mismo tiempo, estos funcionarios dependen organizativa y materialmente de las Comunidades Autónomas que, como en el caso de Galicia, han asumido plenas competencias en la materia. En la Conselleria de Xustiza recae la competencia sobre el funcionamiento efectivo de la justicia gallega mediante puesta a disposición de los medios materiales y personales. Y su titular es el responsable directo de resolver este conflicto. Un conflicto que como ha recordado la Sala de gobierno del TSXG afecta al derecho fundamental de los ciudadanos gallegos a la tutela judicial efectiva

No se puede consentir que en Galicia siga estando en "suspenso" un derecho fundamental, por lo que cuanto antes hay que poner el punto final a este conflicto.

No está justificada la prolongación de este paro por más tiempo. Desde la "ética de la responsabilidad" (Max Weber) los empleados públicos de la justicia gallega han de volver a sus puestos de trabajo. En las reflexiones sobre los problemas de nuestro sistema judicial siempre se ha puesto el acento sobre los temas de la independencia judicial y se han olvidado otros importantes como el servicio a los ciudadanos. Para que la independencia judicial sea de utilidad y el servicio a los ciudadanos efectivo, se tiene que disponer de los medios instrumentales necesarios y eficientes. El estrangulamiento que durante muchos años han sufrido los juzgados y tribunales de este país, por grandes carencias de medios y de personal, ha sido quizá el mayor atentado a la independencia judicial y es, sin duda, este fracaso de la justicia como servicio público el principal factor de deslegitimación de los tribunales ante los ciudadanos,

Por ello, el problema que ha suscitado esta huelga en los juzgados tiene que servir de parámetro para calibrar que se está haciendo mal desde la Consellería de Xustiza. Una reflexión necesaria ante los efectos que el paro judicial ha tenido sobre los el normal funcionamiento del servicio judicial en Galicia. Estando justificadas las expectativas profesionales de mejora de las condiciones de trabajo, no hay que olvidar que el ámbito más apropiado para la transmisión de valores es la formación de los funcionarios. Es en esta fase de la formación inicial continuada, tan descuidada por la Administración, en donde con la suficiente profundidad, deben inculcarse a los funcionarios judiciales la identificación con el servicio público, más allá de cualquier otra legítima reivindicación.