En los últimos meses los medios de comunicación se han hecho eco del uso de aeronaves tripuladas por control remoto ("RPA's" por sus siglas en inglés, "Remotely Piloted Aircraft") para distintos fines públicos y privados: drones para la filmación y vigilancia durante la ceremonia de apertura de los juegos olímpicos de invierno de PyeongChang 2018, drones para la vigilancia de plantaciones agrícolas de gran tamaño o drones para la localización de personas desaparecidas.
El crecimiento exponencial del sector de los drones en los últimos años en España es más que evidente, pues en la actualidad existen ya más de 3.000 operadores habilitados por la AESA para utilizar estas aeronaves con fines comerciales, frente a los menos de 20 operadores que estaban habilitados en el año 2014.
Realización de levantamientos topográficos, reportajes fotográficos o seguimiento del avance de las obras de construcción, son sólo algunas de las actividades que a día de hoy pueden realizarse mediante el uso de estas aeronaves. Sin embargo, a medio y largo plazo, la normativa y los desarrollos tecnológicos en marcha, harán posible el uso de drones en ámbitos en los que en la actualidad no está permitido, como por ejemplo en el transporte.
El impulso legal definitivo a este sector ha venido motivado por la publicación el pasado 19 de marzo del Plan Estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones en España 2018-2021, que ya había sido anunciado por el Ministerio de Fomento a finales de 2017. Este Plan establece los ejes y las líneas de actuación para impulsar el desarrollo de un sector en auge y con un enorme potencial de crecimiento.
La aprobación del mismo se enmarca dentro de la estrategia del legislador español de dotar de un marco jurídico adecuado a lo que ya constituye una realidad en nuestro país. En este sentido, recordemos que el 29 de diciembre de 2017 entró en vigor el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, que regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, y que establece las actividades y operaciones que es posible realizar en España mediante el uso de drones (tales como fotografía, filmación, publicidad aérea o vigilancia), así como las condiciones técnicas y jurídicas para operar legalmente con esta clase de aeronaves.
En palabras de Isabel Maestre, Presidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), la normativa española es actualmente la más abierta de Europa, ya que contempla escenarios operativos actuales y futuros. De hecho, aunque para el año 2020 está previsto que entre en vigor la normativa europea sobre RPA's, se espera que los cambios en la norma española sean mínimos, toda vez que ya estaría ajustada a dicha regulación europea.
En esta línea, el Plan Estratégico realiza un análisis global del sector, referido tanto al estado actual de la técnica y a las potenciales aplicaciones de los drones, como a las perspectivas económicas de crecimiento y desarrollo del mismo. Además, define la hoja de ruta para impulsar ese crecimiento y desarrollo de acuerdo con cuatro ejes estratégicos: (i) la implantación del marco normativo recientemente aprobado; (ii) el impulso al desarrollo empresarial y a la investigación, desarrollo e innovación; (iii) la divulgación de información y (iv) la coordinación entre administraciones.
Con este impulso, el Plan Estratégico estima que la flota de drones para uso profesional en España podría alcanzar las 51.400 aeronaves en 2035, lo que produciría un impacto económico de 1.220 millones de euros y la creación de aproximadamente 11.000 puestos de trabajo.
Dentro del primer eje estratégico del Plan -la implantación del marco normativo recientemente aprobado- se prevé, entre otras medidas, el establecimiento de un programa de inspecciones por parte de la AESA para vigilar el cumplimiento de los requisitos de documentación y certificación de drones y operadores, así como de formación teórica y práctica de los pilotos, en función de la naturaleza de la actividad y de las características del dron empleado.
Además, el Plan Estratégico detalla las cifras de financiación pública que se han destinado a proyectos de I+D+i asociados al uso civil de drones en los últimos años en España, tanto a través de fondos e instrumentos europeos ("Horizonte 2020" y fondos FEDER) como a través de fondos propios de la Secretaría de Estado I+D+i o del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que dan buena fe de la apuesta pública por este sector.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, la colaboración público-privada ha permitido la creación y desarrollo de un polo tecnológico e industrial en torno a la tecnología de esta clase de aeronaves, en el Aeródromo de Rozas (Lugo), que ha supuesto una inversión total de 149 millones de euros. En este Aeródromo desarrollan sus proyectos -pioneros en Europa- las dos empresas ganadoras de la primera fase de la licitación aprobada por la Xunta de Galicia, Indra y Babcock, que cuentan con más de una decena de subcontratistas o suministradores gallegos. Además, en el marco de la política de promoción de dicho Polo Aeronáutico, la Xunta ha impulsado recientemente el Programa "Civil UAVs Initiative", una iniciativa que pretende mejorar la prestación de determinados servicios públicos mediante el uso de RPA's en diferentes sectores -como el agrario, el marítimo o el forestal- y que supone una compra pública de innovación por valor de hasta 20 millones de euros.
Por último, el Plan Estratégico hace referencia a las actividades que pueden realizarse mediante el uso de drones a corto, medio y largo plazo, entre las que cabría destacar el transporte. El transporte de mercancías mediante RPA's, aunque ya constituye una realidad en otros países, todavía no está contemplado en la normativa española vigente. Sin embargo, el Real Decreto 1036/2017, y ahora el Plan Estratégico, prevén su autorización cuando el estado de la técnica permita que los vuelos de drones se extiendan a zonas del espacio aéreo transitadas por la aviación civil convencional.
La aprobación del Plan Estratégico de drones pone de relieve el compromiso de las instituciones públicas con el sector de las aeronaves no tripuladas; un sector que ha venido para quedarse, que ya cuenta con un marco normativo propicio para su desarrollo, y que, según estima el propio Ministerio de Fomento, "podría multiplicar por 30 su tamaño en los próximos 15 años"
*Abogado de Cuatrecasas
**Abogada de Cuatrecasas
