A estas alturas es más que probable que, en determinados departamentos de la Xunta -sobre todo en Facenda y en Propaganda- estén preparando algún tipo de réplica a lo que ayer mismo publicaba este periódico sobre las deudas de la Xunta. Réplica o explicación que solo se dará a conocer en el caso de que resulte verosímil, tarea ésa que ocupará a no pocos para superar la dificultad, porque ya avisó el clásico que lo medible no es opinable, y si se trata de algo tan concreto y contable como el dinero, entonces tendrían que buscar un Hércules, y no lo hay.
El asunto, en realidad, tiene mayor cuantía, y nunca mejor dicho, porque se trata de que los empresarios gallegos han enviado a los bancos, se supone que para un anticipo cargado con los intereses correspondientes, un total de 40 millones de euros en facturas impagadas por la Xunta. Y aunque es verdad que en algo se ha avanzado -porque no hace demasiado tiempo las entidades no admitían esos efectos sencillamente porque dudaban de que el Gobierno gallego los abonase-, hay que reconocer que la deuda sorprende. Especialmente a los creyentes en la verdad oficial.
Y es que la sorpresa, porque esa nomenclatura no le sobra, ocurre, además de por su cuantía, por las reiteradas afirmaciones de los responsables de que la Xunta paga sus deudas no ya dentro de los plazos que marca la ley, sino bastante antes. Hasta, alguna vez, se presumió de que ésta era una comunidad "pionera" en el rigor con que abordaba el asunto de los pagos pendientes. Por eso, que ahora aparezcan esos datos constituye un elemento añadido para fortalecer el escepticismo ante lo que se ha definido -desde una opinión personal, claro- como "verdad oficial".
Y conste que cuanto precede no pretender ser una crítica global al trabajo conjunto de la Xunta. Gobernar es, seguramente, muy difícil, sobre todo cuando cuadrar las cuentas parece una obra de titanes. Y en ese sentido, la labor del presidente Feijóo y de su equipo tiene méritos que solo discuten los sectarios, pero a la vez fallos tanto más graves cuanto que se niega su existencia. Una falta de autocrítica, y también de realismo, que debiera ser admitida, pero sobre todo corregida, porque de ese talante nace la credibilidad del poder ejecutivo.
En todo caso -y dejando claro que no se trata de escribir epístolas morales-, la cuestión no acaba ahí, porque la Administración, y quienes la dirigen, tienen también el deber de la ejemplaridad a la hora de cumplir con sus deberes. Sobre todo cuando exigen a los gobernados que lo hagan y para lograrlo, en no pocas ocasiones acuden a la sanción o a las inspecciones supuestamente investigadoras pero que muchas veces recuerdan a las cazas de brujas. Y los daños económicos a las empresas y trabajadores que padecen los impagos de facturas, como se ha dicho muchas veces, son un efecto colateral negativo para la imagen pero sobre todo las haciendas de los contribuyentes.
¿No?
