EDITORIAL

Justicia para los afectados gallegos por la disolución del Popular

25.06.2017 | 06:44

Cuando ya creíamos haber soportado mucho y visto de todo con el estrepitoso fracaso de la fusión de las desaparecidas cajas de ahorro y la subasta del Gallego, llega ahora la punzada final con la liquidación del Pastor, que ya antes había perdido su poder de decisión en Galicia para convertirse en filial del Popular. La controvertida entrega de este último al Santander por el simbólico precio de un euro, no solo entraña el final de una entidad financiera clave para la comunidad, sino que deja también en el aire la continuidad de la Fundación Barrié, que pierde toda su inversión. Como también la pierden miles de accionistas gallegos, muchos de ellos simples ahorradores y clientes, pequeñas empresas y hasta sus propios trabajadores, que ven además peligrar sus empleos.

La desfeita del poder financiero gallego constituye sin duda uno de los acontecimientos más relevantes de la historia reciente de la comunidad. Un panorama en verdad desolador que ahora sería catastrófico de no ser por la exitosa irrupción de Abanca. Por eso resulta esencial que se investigue a fondo lo que pasó con el Popular/Pastor. Para que se sepa toda la verdad, la que todavía falta por esclarecerse sobre lo ocurrido con las cajas, para que se determinen las responsabilidades pertinentes de cada cual y pague quien tenga que pagar por ello.

El tiempo acabará sacando a flote en toda su dimensión las verdaderas consecuencias del impacto en Galicia de la desaparición de la segunda entidad con mayor volumen de negocio de la región. Pero mientras, lo cierto es que la comunidad está otra vez en el ojo del huracán de la complejísima y no pocas veces oscura ingeniería financiera que está modificando radicalmente el mapa bancario español. La compra del Pastor por el Popular ya había diluido el margen de acción de un agente financiador local clave, que ahora, si Botín no lo remedia, recibirá la estocada tras una pionera trayectoria cuyos orígenes se remontan a 240 años atrás.

La crisis económica que engulló en esta década el modelo de cajas de ahorro por su exposición a las colosales deudas del ladrillo y la calamitosa, cuando no fraudulenta gestión de algunos de sus directivos -pues, pese a quien pese, ni todas estaban igual de podridas ni sus gestores actuaron de la misma manera-, proyectó también su negra sombra sobre el Pastor, que suspendió ya en el primer test de estrés a la banca española. La solución de supervivencia que se encontró con su absorción por el Banco Popular en 2011, que fue la única que no contó con ayudas públicas en la vertiginosa serie de movimientos corporativos de entonces en la banca española y que, además, se hizo sin provocar daño alguno a accionistas y clientes, saltó por los aires hace apenas dos semanas. Cuando Bruselas resolvió de la noche a la mañana entregárselo al Santander por un euro tras pronunciadas caídas en Bolsa y la masiva retirada de capital que precipitó el gravísimo deterioro de liquidez del banco.

Con su disolución desaparece también en Galicia la marca financiera del Pastor, que desempeñó un rol estratégico clave en nuestro desarrollo industrial en la segunda mitad del siglo pasado. Sus más de 200 oficinas, con 11.000 millones en activos y una cuota del 20% del mercado financiero gallego, catapultarán al comprador, el Santander, que escalará del quinto al segundo puesto del mercado bancario en la comunidad tras Abanca.

Esta es, expuesta a grosso modo, la foto fría y global del último tsunami financiero en la comunidad. Un tsunami que deja tras de sí un desolador escenario de damnificados: los accionistas, más de 300.000, 50.000 de ellos gallegos. Muchos, pequeños ahorradores que confiaban en el Pastor de la misma manera que confiaban en las cajas. Otros, pequeños empresarios a los que el banco llamó a su puerta para pedirles apoyo garantizándole que para nada iban a perder su inversión. Y hasta los propios empleados, a muchos de los cuales se les impelió a hacerlo para que sirviesen, además, de ejemplo.

Y lo peor es que todos estos damnificados no solo se han quedado sin el dinero, sino carentes también de la mínima explicación lógica para asumir sin indignación ni ira un quebranto económico que tachan de incautación en toda regla, al tiempo que preparan una avalancha de demandas contra los gestores del Popular, los supervisores y las autoridades europeas que ordenaron la resolución.

Cómo puede un banco, se preguntan estupefactos y con razón, quebrar a los seis meses de aprobar los tests de estrés de solvencia. Cómo puede ocurrir tal cosa casi a la vez que el portavoz del Gobierno dice estar absolutamente tranquilo sobre la situación de la entidad. ¿No tiene nada que decir la auditora que certificó como buenas las cuentas? ¿Es que con todo lo que ha diluviado en todos estos años también ahora se lavan las manos el Banco de España y los supervisores? ¿Cómo es posible que, con toda la desfachatez del mundo, salgan rápidamente a declinar sin más cualquier responsabilidad en lo ocurrido? ¿Qué estuvieron haciendo entonces? ¿Es que nadie va a arrojar luz sobre los fondos que se enriquecieron especulando con el valor de la entidad? Y los gestores, ¿se van a marchar de rositas? En fin, es fácil entender el escozor, por llamarlo de alguna manera, de los pequeños accionistas, al enterarse de que la cúpula del banco encabezada por Saracho fue la única del Ibex que no tenía acciones en la firma que dirigían, por lo que las repercusiones de sus medidas no afectan a sus dineros.

Sus abogados ponen el foco, en especial, en posibles irregularidades en las ampliaciones de capital y en la responsabilidad de las autoridades supervisoras. La estrategia judicial a seguir será similar a la del caso Bankia, con la demanda de una vía civil para intentar recuperar el dinero de los inversores y otra penal, con petición de responsabilidades a los gestores. Al tiempo, el Santander ya ha admitido su disposición a alcanzar acuerdos con algunos de los colectivos y por escenarios concretos. En cualquier caso los afectados se enfrentan a una batalla legal larga e incierta.

La operación de intervención en sí misma deja también múltiples interrogantes que deben esclarecerse hasta el final. Si el banco era solvente, ¿por qué entonces se le dejó caer en vez de esperar a su venta ordenada? Si, por el contrario, el problema era exclusivo de liquidez, ¿a qué obedece entonces la inacción de las autoridades públicas disponiendo como disponen de mecanismos para hacerle frente? ¿Cómo es posible que se permitiera sin ningún tipo de intervención la sangría brutal de las acciones del banco? ¿Por qué pudiendo hacerlo, las autoridades no tomaron medidas para atajar en lo posible los movimientos especulativos? ¿Cómo se explica la retirada en masa de depósitos por parte de grandes clientes del banco, en especial del sector público, que acabó por precipitar el gravísimo deterioro de liquidez que se alega como causa del final del Popular?

Tan masiva y tan sospechosa fue la retirada de depósitos, que la presidenta del Mecanismo Europeo de Supervisión (MUS), Danièle Nouy, alentó esta misma semana la apertura de una investigación para aclarar si hubo o no uso de información privilegiada detrás de estos movimientos. Y ahí seguimos, esperando a que alguien de la administración se decida de una vez a investigar a fondo lo ocurrido. Cercado también por la oposición, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha reclamado a Ana Botín la continuidad de la marca Pastor, emplazó esta misma semana a investigar, como mínimo, las últimas ampliaciones de capital en el Popular.

Entre los accionistas hay un sector doblemente castigado, como se apuntaba anteriormente: los empleados que adquirieron, alentados por sus jefes, participaciones en las sucesivas ampliaciones de capital por las que pasó el Popular. Y es que en este caso, a la pérdida del dinero invertido se suma la incertidumbre por sus puestos de trabajo. Los 1.350 trabajadores que conforman la plantilla del Pastor están ahora pendientes de los planes de integración del Santander y su mayor temor es el solapamiento de sucursales en más de un centenar de concellos.

Imposible no reparar en otro afectado estratégico para Galicia. La Fundación Barrié, una de las entidades sin ánimo de lucro que más ha hecho por la sociedad, llevando su mecenazgo a campos relevantes como la educación o la cultura en su sentido más amplio. A ella se debe, por ejemplo, la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral compotelana, con un coste de 11 millones de euros. La institución creada por Pedro Barrié en 1966, que contaba tras la última ampliación de capital con el 2,5% de acciones del Popular, se queda ahora sin su principal fuente de ingreso. Con una inversión anual de 9 millones, la Barrié recibió en 2016 casi 6 millones por arrendamientos al banco y otros 5 por su participación accionarial. Todo esto queda ahora en el aire, si bien la partida de los contratos de alquiler al Popular tienen aún sobre el papel una vigencia de doce años.

Más allá de la operación en sí misma, sus causas y consecuencias, lo cierto es que el salto dado por el Santander al convertirse en el segundo mayor banco en Galicia confiere a la entidad que preside Ana Botín una nueva dimensión económica y social en la comunidad. Y que, al tiempo, Galicia debe saber aprovechar la excepcional oportunidad que le brinda contar a partir de ahora con una presencia tan destacada de una de las mayores entidades financieras del mundo.

Son muchas y muy relevantes, así pues, las piezas pendientes de encajar en el puzle que deja tras de sí en Galicia el último tsunami financiero, por seguir con la expresión que mejor lo define. Pero si duda una de ellas es satisfacer la demanda de justicia de esos miles de accionistas que se han quedado sin dinero y sin respuestas.

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