A día de hoy, y a la vista de la conducta de no pocos profesionales en diversos oficios, no queda tan claro como antes eso de que rectificar es de sabios. Han aparecido demasiados matices como para confundir lo que se quería hacer y por tanto para que lo que aparenta una rectificación no lo sea. Salvo en la decisión del presidente Feijóo de anular el proyectado decreto de Facenda acerca de la contratación de investigadores en la Administración gallega. Y, por cierto, asumir el compromiso de que no se hará uno nuevo sin diálogo previo con las partes.
Es evidente, pues, que don Alberto ha mostrado, tras la denuncia pública de profesionales y autoridades académicas contra las intenciones de su hombre de confianza en las finanzas públicas, capacidad de reacción y hasta humildad para evitar males mayores. Cierto que algunos dirán que la decisión de consultar pudo -y debió- haberse tomado antes y no después, pero es más imputable al conselleiro que al presidente. Y como nunca es tarde cuando la dicha llega habrá que alegrarse de evitar lo que hubiera podido ser otro conflicto en el ámbito, clave, de la investigación y su aprovechamiento administrativo.
Lo que sigue pendiente, al menos en opinión de quien la firma, es la consecución de una estrategia lo bastante eficaz y dotada de medios para que la investigación sea, primero, de calidad y, segundo, lo bastante atractiva también en el aspecto de remuneración como para que se relacione no sólo con las empresas y los negocios particulares sino con la Administración. En ese sentido, la finalidad del decreto que ahora se retrasa para que haga mejor servicio puede ser útil en el progreso del país.
Para lograr ese objetivo será preciso descargar su texto de las racanerías propias de los responsables de finanzas de los gobiernos. Y, además, dotarle de instrumentos para que en su momento puedan aplicarse algunas de las recomendaciones de los expertos que participaron hace casi unas horas en el Foro creado por este periódico para debatir a fondo algunas de las carencias de la enseñanza superior, tanto en España como en la comunidad autónoma de Galicia.
Pero volviendo a la cuestión de lo ocurrido con el decreto y de los investigadores al servicio de la Administración, confirma de algún modo que en esta legislatura parece existir en la Xunta un déficit de planificación, una especie de desgana. Como si se tratase de un periodo provisional a la espera de que se integren nuevas personas. Seguramente será sólo una sensación sin mayor calado, pero que puede producir daños colaterales, y en ese sentido quizá conviniera despejar algunas dudas.
¿No??
