Una de las inevitables consecuencias de la enorme "merdée" que se abate sobre el Partido Popular es la utilización de los escándalos de una forma discutible por parte de sus adversarios. Y se dice discutible no porque no resulte en cierto modo lógica, sobre todo por el modo de hacer política que se gasta aquí el oficio, sino porque no siempre queda claro que el objetivo final de tantos críticos no sea, antes que controlar e informar y sobre todo reclamar que se restaure el orden jurídico dañado sino sobre todo causar el desgaste del rival a cualquier precio, incluyendo, claro, el eventual daño que se perpetre al propio sistema.
Y no se trata en modo alguno de juzgar la estrategia de la oposición, que es la misma que usó en su día el PP cuando estaba fuera del Gobierno para tratar de recuperarlo. Pero sí convendría quizá una reflexión acerca de lo que unos, en la izquierda -concretamente en En Marea por parte de su portavoz señor Villares- consideran "oportuno" mientras la mayoría parlamentaria califica de "oportunista": la exigencia de que se revisen "con lupa" los contratos de la Administración gallega con empresas que están siendo investigadas en el marco de la operación judicial que se desarrolla en Madrid.
Desde la opinión personal, ésta puede ser una de las pocas ocasiones en la que caben los dos calificativos. El de "oportuna" porque no se le puede negar a quien tiene la obligación de controlar al Gobierno que renuncie a ella. Si en la lista de las 60 empresas que el magistrado Velasco ha ordenado investigar hay varias que contrataron en Galicia, pedir que se repasen las condiciones entra en esos deberes. Y lo del "oportunismo" tampoco debe ser excluido: ya se ha dicho que en este país el oficio político tiene serios defectos, entre ellos el de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
El riesgo que momentos -y circunstancias- como éste pueden provocar es una inversión casi completa, en cierto modo ya incrustada en la conciencia social, de la carga de la prueba. O, dicho de otra manera, que de facto -que por supuesto no de iure- se establezca un estado general de sospecha en el que la presunción sea la de culpabilidad y no la de inocencia. Algo que no sólo significaría un paso atrás grave en la concepción del Derecho Penal, sino la apertura a tiempos en los que la inseguridad jurídica podría amenazar seriamente la convivencia.
Para ser justos habría que añadir que lo del PP no parece una paja sino un pajar, y lo de En Marea -por ahora- no llega a viga aunque ya tiene casos extraños en los que aplica la citada ley del embudo. Dicho ello, es preciso reconocer que el portavoz parlamentario popular señor Puy -respetado por toda la Cámara- recordó que era mejor la ley que la lupa. Y que la normativa vigente establece controles para garantizar la objetividad de la Administración en sus decisiones y la transparencia de las actuaciones. Y es cierto: el problema está en que, a lo que parece -que ya se verá cómo termina- esos controles no siempre funcionan. Y luego hay quien insiste en hacer el avestruz.
¿O no??
