A estas alturas, y cuando todo parece dicho sobre los incendios forestales, volver al asunto semeja una temeridad. Pero cuando parecía que a pesar del calor, el viento y la sequía el problema remitía, el país ha vuelto al sobresalto. Y a la estupefacción: la noticia de que un pirómano de Maceda, capturado in fraganti, autor de 15 fuegos, fue puesto en libertad -condicional, pero para dormir en casa- por un juez deja pasmado al público.
Y, por cierto, le da razón al presidente Feijóo cuando días atrás reflexionaba sobre las cifras del fuego, las detenciones y los encarcelamientos. Se quejaba de jueces y fiscales, que le replicaban con más enfado que argumentos. Ahora, con lo de Maceda, parece aún más claro que don Alberto tenía razón, que algo falla y que no sólo tiene que ver con presupuestos y recursos, sino con otras variables, entre ellas la aplicación de la justicia penal.
Dicho eso, que confirma que los incendiarios no sólo prosiguen su acción criminal sino que la extienden a todo el país -Lugo incluido-, queda claro también que es un tópico lo de que allí donde sus propietarios cuidan los montes y se ponen en valor, el peligro desaparece. Y se evidencia que detrás de la tea hay más que chiflados,
Con los datos, tremendos, encima de la mesa, parece llegado el momento de reclamar de todos aquellos que solicitan el voto estos días, que diriman sus diferencias y lleguen a algún acuerdo para salvar la riqueza forestal del país. Y para que, gane quien gane, lo haga más y mejor en una política que afronte el problema para resolverlo. Y si hacen falta más recursos técnicos y humanos, prescinda de lo mucho prescindible que aún queda, y los ponga.
Parece poco probable, vistos los precedentes, que valga la pena repetir argumentos ya manejados en demasía o reeditar la estéril polémica entre la prioridad de la prevención y/o la extinción. Por eso, y como opinión personal, es hora ya de que se añada a las tantas veces expuestas, alguna otra propuesta distinta. Por ejemplo, la rectificación de lo que ahora mismo muchos creen que lejos de resolver, complica.
Y en ese, los casos son aún más claros que en otros aspectos del problema: verbigratia en materia legal, hay que cambiar las disposiciones que redujeron la distancia obligatoria entre viviendas y monte, lo que ha puesto en riesgo demasiadas vidas. Y es preciso volver a las normas que prohibían el uso urbanístico -y otros- de las superficies quemadas. Porque cada día está más claro que en la intención de los incendiarios hay también motivos económicos además de otros.
Por eso se exige de los futuros legisladores que espabilen.
¿Eh...?
