"La actividad de los gobiernos más vulnerable a la corrupción es la contratación pública". Estas palabras, que no son mías sino de la OCDE, ponen de relieve la necesidad de definir un marco legal que facilite herramientas reales en la prevención y lucha contra la corrupción, para que contratación pública e integridad vayan de la mano. Según los datos de la Comisión Europea, 3 de cada 10 empresas en la Unión Europea que participaron en una licitación, nada menos que un 32 %, creen que la corrupción les impidió ser adjudicatarios de un contrato, opinión que es ampliamente respaldada por la percepción ciudadana de la existencia de comportamientos corruptos asociados a este ámbito.
¿Cómo evitarlo? En muchos casos la solución es tan sencilla como modificar la Ley, Quizás los límites de los contratos menores no estén bien dimensionados en el ámbito local. 50.000 euros más IVA para un contrato menor, es para muchos ayuntamientos una cuantía más que relevante, considerando las grietas normativas que permiten su adjudicación directa. Solo habría que cambiar el marco legal.
Por supuesto no es la única medida, también hay que impulsar otras medidas de integridad, en particular en relación con los conflictos de intereses, respecto a los que el ámbito local representa el marco más proclive para su aparición. El principio de proximidad local que, en tantos casos representa una ventaja, constituye en este aspecto, un lastre, una debilidad en las consideraciones éticas de los responsables.
Entre los distintos mecanismos a los que se podría recurrir en aras de una mejora de la transparencia en el ámbito de la contratación pública local estarían medidas como el establecimiento de una distinción en las cuantías aplicables a los contratos menores en función de la población, implantar un verdadero sistema de control en la ejecución que impida la aparición de modificados, o, entre otras, garantizar la apertura de datos que permita ofrecer una herramienta con la que facilitar una verdadera fiscalización por parte no solo de los órganos políticos y administrativos de control, sino a través de la propia ciudadanía.
Estamos, además, ante un escenario gravoso para la economía y su desarrollo, que genera una clara falta de confianza y un perjuicio a la hacienda pública. Según los últimos informes la corrupción puede aumentar los costes en la contratación entre un 20% y un 25 %. Por ello es necesario fortalecer la lucha contra la corrupción en la contratación pública, también desde la prevención. La actuación no debe ceñirse a la limitada publicidad a través de portales de transparencia, sino que ha de transmitir credibilidad en la apuesta por la integridad en la gestión, desde el minuto 1 del expediente y ofreciendo toda la máxima información.
Contratación y corrupción. Si realmente se quiere romper este binomio, el primer paso es legislar para garantizar la integridad y la transparencia en la contratación. El próximo gobierno que salga de las urnas el próximo día 26 de junio está obligado a aprobar una nueva normativa para aplicar el derecho europeo, el plazo está vencido desde el pasado 18 de abril. Es necesario adoptar medidas para evitar "terrenos en sombra", en los que la laguna legal nos lleve a la respuesta habitual "no es ético pero es legal". Y es ahí donde pueden recogerse más y mejores controles, perfeccionar el sistema sobre la base de la experiencia y demostrar si de verdad existe un compromiso de lucha contra la corrupción o si, recurriendo a la palabra de moda, se trata solo de "postureo".
*Secretaria de Administración Local
