El meollo de la cuestión está en adivinar hacia donde orientará su rumbo, cuanto recorrido tendrá y, en definitiva, para qué servirá de verdad el organismo resultante de la fusión rubricada por las tres Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, que acaba de certificar la Xunta de Galicia en un apretado rally legalista de final de año.
Lo cierto es que los tres organismos, hoy más comerciales que empresariales o industriales y nada marítimos, estaban inmersos en un callejón sin salida. Una, otra y otra en raya, las tres entidades se encontraban en situación agónica, a la espera de una intervención pública salvadora que ha terminado por materializar la Consellería de Economía, Emprego e Industria, porque no ha tenido otro remedio, mal que le pese.
Particularmente penoso era el estado administrativo que arrastraba la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Pontevedra, sobre cuya situación jurídica todavía no está dicha la última palabra, ni mucho menos, a juzgar por los pleitos aún pendientes de dirimirse ante los tribunales. Eso pinta mal.
La verdad es que las tres instituciones encabezadas por José García Costas, Eduardo Barros y Miguel Falcón Noya, están ya sometidas a un tutelaje absoluto por parte de la Xunta de Galicia, mediante una suerte de intervención pura y dura, único camino para salvar la cara y guardar la ropa de una forma decorosa hasta cierto punto. Disimulos, los justos.
Inicialmente todavía subsisten como tales los tres organismos integrados con bastante aparataje individual, tanto en representantes como en sedes. Sin embargo, esta situación parece más un compás de espera que una estructuración a consolidar.
Más pronto que tarde el nuevo organismo tendrá que cambiar ese estatus provisional para abaratar costes y reducir servicios, tal y como aconseja la integración en sí misma. Entonces será cuando la Xunta de Galicia seguramente oficiará el réquiem debido a unas entidades centenarias que, por ese motivo, ya están más cerca del otro, que de este mundo.
