De modo que, llegada la ocasión, parece estar cerrado el acuerdo que algunos ingenuos creyeron improbable: el del Bloque y el PSOE -ambos a la baja- para echar de la gobernanza en la Diputación de Lugo a la lista más votada, que fue la del PP, y que tiene más actas. Era lo previsto por casi todos y solo llevó algún tiempo determinar entre los dos grupos el cuánto; resuelto eso, que conlleba el quién, el cuándo se queda en una mera formalidad.
(En realidad, todo eso de la lista más votada y el mayor número de diputados -provinciales- es solo un entretenimiento para teóricos; las diputaciones, entes caducos cuya desaparición pedían antes de gobernarlas los que ahora pactan para hacerlo en la de Lugo, son de elección indirecta y por tanto de democracia opinable. Lo que no quiere decir que estorben la ética y la estética en su quehacer, conceptos escasos en el oficio político.)
Lo más cierto de todo lo que va a ocurrir allí, como ya ha pasado con los mismos u otros protagonistas en puntos diferentes de la geografía de este país, no es que se busque la buena gestión y/o la mejor representación; eso suele ser mentira. De lo que se trata casi siempre es de repartir el poder y los Presupuestos entre unos cuantos no electos en las urnas para ello, sino designados a dedo por los que mandan en los partidos. Punto.
Suena duro, probablemente, y es una opinión que no todos compatirán. Incluso habrá quien -con el cinismo habitual entre los guardianes del dogma que más les conviene- la acuse de ser contraria al modelo cuya "legalidad" recalcará. Y que no se discute aquí tanto en su letra cuanto en su espíritu,que en casos como el de Lugo hace ilegítimo el fondo de la maniobra.
Los observadores que no sujetan su criterio a algún tipo de condición previa, subrayan que incluso la legalidad estricta de este tipo de mociones, tanto la que pactan el PSOE y el BNG como las que ya ejecutaron o ultiman el PP y otros en varios municipios, son de discutible legitimidad. Porque una censura tiene que estar motivada en situación objetiva de grave desgobierno y no en la arbitrariedad de quienes -y conviene dejarlo muy claro- no están habilitados por los que fueron a votar otra cosa. Y por más que lo discutan, lo que es, es.
A estas alturas parece claro que semejante tinglado no resistiría un análisis serio ni se pueden disfrazar las múltiples coyundas con un argumentatio ad hoc. La salud del sistema, y desde luego la lucha para erradicar de él la corrupción, hace necesaria y urgente una reforma legislativa electoral, pero tal cosa no estuvo nunca en el ánimo real de los grandes parfidos. Por algo será.
¿No?
