Hace dos años y medio, exactamente el 1 de marzo de 2013, FARO DE VIGO daba cuenta de la imposibilidad de Pescanova de presentar en plazo ante los organismos competentes las cuentas del ejercicio así como de graves tensiones en el consejo de administración a consecuencia de lo que la compañía describía como una crisis temporal de liquidez. Lo que entonces parecería un contratiempo menor acabó convirtiéndose en la segunda mayor quiebra de la historia empresarial española. Y supuso el inicio de un proceso salpicado de investigaciones judiciales y negociaciones convulsas que culminaron, en mayo de 2014, con la aprobación del convenio de acreedores de la matriz y su mayor filial, Pescafina.

Ahora, un año después, diez subsidiarias españolas han logrado superar también los procesos concursales y la multinacional ha conseguido mantener un volumen de facturación anual en torno a 1.000 millones de euros sin acometer ajustes de plantilla, lo que da idea de la enorme fortaleza que todavía atesora.

Estamos ante un éxito colectivo que es preciso reconocer a todas y cada una de las partes implicadas, cada una en su medida. Lo que asemejaba imposible, esquivar la quiebra, se ha sorteado. Lo conseguido es enorme, pero el camino dista mucho de haber terminado. Falta, fundamentalmente, consolidar la nueva Pescanova, llamada a recuperar las esencias que la hicieron fuerte y viable, alejada de los grandonismos aventureros y designios caprichosos que a punto estuvieron de desahuciarla.

En la junta de accionistas de los próximos días 28 y 29 se someterán a votación dos propuestas. De un lado, los bancos, los principales acreedores -el grupo conocido como G7-, propondrán una ampliación de capital de 46,32 millones, con la que tomarían el control de la refundada Pescanova. Todo el accionariado de lo que hoy es la compañía pesquera quedaría diluido en un escaso 5% dentro de la Nueva Pescanova. La compañía resultante nacería como una sociedad limitada y no sería una empresa cotizada, al menos de momento.

Por el otro, más de un centenar de accionistas minoritarios, en concreto 103 socios titulares del 6,3% del capital social, plantearán una alternativa similar a la propuesta por el consejo de administración de la compañía, que finalmente retiró ante el rechazo frontal del G7. El plan B de este grupo de minoristas consiste, expuesto "grosso modo", en reducir de 46,32 a 9,75 millones la ampliación a cubrir por las entidades financieras aseguradoras y los acreedores, lo que facilitaría a estos accionistas alcanzar el 20% de la Nueva Pescanova, en vez del 5% previsto, sin necesidad de aportar más fondos.

Con el objeto de ganar apoyos ante la junta, este grupo de minoristas remitió dos informes de catedráticos y expertos en materia concursal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para demostrar que su propuesta no contraviene el convenio aprobado por el juez, en contra de lo que sostienen los bancos.

El reparto de las acciones de Pescanova es desigual entre fondos, compañías y pequeños inversores. Sus titulares, más de 9.000, quedaron atrapados juntos el 12 de marzo de 2013 cuando la CNMV ordenó suspender cautelarmente la cotización. Pero ni todos representan lo mismo ni todos están en igual situación.

Los hay, por ejemplo, que adquirieron títulos cuando la pesquera ya estaba en preconcurso, es decir, con objetivos y en circunstancias distintas a los demás inversores. Quienes lo hicieron antes de esa fecha pueden alegar haber sido engañados por una dirección de la empresa que está siendo investigada por ello. Los tribunales dilucidarán en su día, pero informes como los realizados por KPMG o por la propia Audiencia Nacional consideran probado que Pescanova ocultó pérdidas, infló beneficios y escondió deudas desde, al menos, el año 2009. Entre ese ejercicio y 2013 la compañía llevó a cabo emisiones de bonos y ampliaciones de capital con folletos publicados en la CNMV y auditados por BDO, que nunca encontró irregularidades. De ahí el engaño.

En la asociación de minoritarios de Pescanova, AMAP, hay más de 200 pequeños accionistas que reclaman no tener que sufrir una dilación de su capital, que apenas roza el 3% de la sociedad. Muchos de ellos confiaron sus ahorros a la pesquera para rentabilizarlos cuando llegase la hora de su jubilación. Algunos desde hace más de veinte años. No invirtieron en la compañía por sus enormes proyectos acuícolas o las recomendaciones de los analistas del mercado. Lo hicieron porque era la única multinacional de Galicia en ese momento y confiaron en la palabra de su expresidente Manuel Fernández de Sousa, a quien señalan como el culpable de la catástrofe.

Ahora son un pequeño ejército, apenas sin armas, que no ve manera de recuperar lo invertido. En parte, su situación evoca a los estafados por las participaciones preferentes de las cajas. No es justo que ahora lo pierdan prácticamente todo, engañados como fueron sin que los supervisores se percatasen de nada. Pero tampoco lo es que Pescanova pueda desaparecer por las acciones deliberadas y presuntamente delictivas de sus ejecutivos.

No se puede hacer un ejercicio de maniqueísmo para discernir si merece un mejor trato el inversor minorista o la compañía, pues no son situaciones comparables. El riesgo es que si la junta no valida los convenios o la banca corta el grifo de financiación cualquier acreedor, que no son pocos, podría acudir al juez para denunciar que el convenio se ha incumplido e instar la liquidación. De ahí, la necesidad de hacer todo lo posible por alcanzar un acuerdo que intente conciliar las legítimas aspiraciones de las partes.

El escenario, así pues, no admite muchas más interpretaciones, por legítimas que hayan sido las continuas reclamaciones del consejo o las negativas del G7 a negociar cualquier cambio en el convenio, como aún defiende. Sea cual sea la propuesta que apruebe la junta, lo trascendente es que si no hay respaldo al aumento de capital y a la reestructuración societaria de la empresa, esto es, a la fusión de las filiales, la absorción de los activos por parte de Nueva Pescanova y el lanzamiento de ésta última, Pescanova puede quedar a los pies de los caballos. Y ahí será un juez y no dos partes negociando, consejo y bancos, quien reparta la compañía al mejor postor. Es la hora de los accionistas. La de dirimir quién es culpable de esta situación todavía no ha llegado.