Así que, a la vista de los datos que acaba de publicar este periódico, quizá sea llegada la hora de reclamar que alguien entre -más a fondo aún de lo que ya se ha hecho hasta ahora- en el problema del minifundio forestal gallego. Es cierto que el país dispone de muy buenos especialistas y que no pocos trabajan en ello, pero 672.000 propietarios -la cifra publicada por FARO- son demasiados y reducen el margen para cualquier solución.
Conste que, cuando se cita el minifundio habría que hacerlo con más amplitud y utilizar el plural. Porque ese es un problema que en Galicia no sólo afecta a la propiedad agraria o forestal, y que está sin resolver -lo medible no es opinable- a pesar de los esfuerzos y también es preciso referirse a otros. Por ejemplo al político, que condiciona muchos de los remedios aplicables a los demás y, por supuesto, al mental, que padecen varios protagonistas.
(La atomización de los colectivos sociales parece ejemplo significativo. Una parte de los que operan en el sector se caracterizan más como correa de transmisión de disciplinas o ideologías partidarias que por una auténtica tarea de defensa de los intereses forestales. Y de hecho sólo se les ve cuando se trata de reclamar lo que más les conviene o para exigir ceses sin ton ni son: el último, por el momento, el de la conselleira de Medio Rural.)
Sea como fuere, y tras colocar a cada uno en su sitio -que eso es lo que entendían los antiguos juristas clásicos por el concepto de "orden"- habrán de ponerse a legislar sus señorías para corregir el minifundio material, que los otros tienen peor remedio. Eso implica quizás reformas en el Derecho Civil gallego, y doctores tiene su santa madre iglesia que lo sabrán concretar.
De lo que caben pocas dudas es de la estructura de la propiedad forestal gallega no constituye tal como está una riqueza para el país -ni siquiera para los propietarios-, lo que obliga a un esfuerzo de concentración y -a la vez- a otro de imaginación para dinamizar los métodos que la consigan y pongan en valor de verdad la superficie forestal de este antiguo Reino.
A partir de que el minifundio es una lacra -porque su estructura facilita también los incendios-, y de que aún así el agrario y el forestal resultan más sencillos de abordar que otros, procede reclamar que los políticos dejen trabajar a los especialistas. Y no porque aquellos no hayan de marcar la pauta según los programas refrendados en las urnas, sino porque su aplicación debe corresponder a los que mejor saben hacerlo, que son los técnicos. Es, en el fondo y a poco que se medite sobre ese argumentario, pura lógica de gestión.
¿O no...?
