Pontevedra es, después de Santiago de Compostela, la segunda ciudad gallega que ha perdido más poder adquisitivo durante esta prolongada crisis a la que todavía no se le vislumbra un final por mucho optimismo que trasluzcan las cifras oficiales para el próximo ejercicio económico. Un ciudadano de la capital dispone hoy, de media, de 268 euros menos en su bolsillo que en 2007. La caída de ingresos es similar en la población de los concellos limítrofes.

Los recortes que han sufrido los empleados públicos y el cierre de muchas empresas de la construcción han derivado en esta importante merma de ingresos en una economía local que se sustenta precisamente en la administración pública, pero también en el comercio y el sector servicios. Las familias disponen de menos dinero para poder gastar y a partir de ahí muchos negocios, exhaustos, han acabado por echar el cierre.

El adelgazamiento de la administración se ha dejado sentir todavía más en Pontevedra por el evidente peso del poder público en la ciudad, pero el drama que viven muchas familias, con uno o más miembros en paro, radica en que apenas hay industria en esta comarca. Así, mientras la dependencia económica de la administración es brutal, llegando a situarse en el 31% del Producto Interior Bruto, la industria solo representa el 10%.

El Gobierno ya ha anunciado que volverá a congelar en 2015 los sueldos de los funcionarios, y a eso hay que sumar el recorte que se está llevando a cabo en las contrataciones temporales para los centros públicos y en la sustitución de plazas vacantes.

Con este panorama y ante el escaso tejido industrial existente, resultará difícil que la capital pueda iniciar la ansiada recuperación económica. En los últimos años, además del sector de la construcción, la crisis se ha cebado en importantes empresas de la comarca como el astillero Factoría Naval, Trèves o Tafisa, por citar solo algunas de las más relevantes. También cientos de pequeños comercios, en su mayoría familiares, han ido cerrando en el último lustro.

El futuro se presenta poco halagüeño, máxime por la situación de incertidumbre que atraviesan los dos grandes motores de la economía de Pontevedra y su área. Así, el Puerto de Marín, pilar económico de esta comarca, con 137 empresas que dan empleo a 7.000 trabajadores, sigue pendiente de resolver, por un lado, la grave inseguridad jurídica a la que le aboca la sentencia de derribo de los rellenos y, por otro, la falta de terrenos que le hacen estar al límite de su capacidad.

Por lo que respecta al complejo industrial de Ence en Lourizán, la empresa mantiene suspendidas sus inversiones a la espera de que el Gobierno y la Xunta se pronuncien sobre la prórroga de la concesión más allá de 2018. Por lo pronto, el Grupo Ence ya ha dejado claro que el traslado no es factible y lo ocurrido en Huelva, con el cierre de su planta de Celulosas dejando en la calle a casi 300 trabajadores, ha llevado el temor a la plantilla pontevedresa.

Los políticos deberían dejar de jugar con un asunto tan serio, decir de una vez con claridad cual es su postura y, en cualquier caso, garantizar a los pontevedreses que no perderán riqueza ni puestos de trabajo.

Pontevedra cuenta con cerca de 8.000 desempleados, lo que representa una tasa de paro superior al 20%, y cuesta creer en la remontada a tenor de la falta de previsión de nuestras autoridades. Como bien dijo en estas páginas la presidenta de los Jóvenes Empresarios, Lucía Pedrosa, "a la ciudad le falta un modelo económico".

Terminado el boom de la construcción y todavía pendiente la gran reforma de las administraciones públicas, los pontevedreses se preguntan qué queda y qué futuro les espera. ¿Cuál es la apuesta de nuestros gobernantes para tirar del carro de la economía pontevedresa y para crear empleo de calidad? ¿Qué están haciendo para atraer industrias y frenar la continua devaluación de los salarios? Esas son las respuesta que todos los pontevedreses todavía siguen esperando.