Escuché el otro día en la radio los testimonios de algunas mujeres empeñadas en un desigual combate contra la corrupción, los desahucios y otros atropellos, y que se quejaban de haber sufrido graves amenazas, muchas veces anónimas, por sus denuncias.
Fueron testimonios valientes. Y hay que decir que doblemente valientes tratándose de mujeres que en una sociedad como la nuestra, que sigue siendo en muchos aspectos todavía machista, tienen más que perder que los varones.
Esas mujeres y muchas otras como ellas han dado ejemplo de dignidad frente a la cobardía moral de muchos conciudadanos que prefieren mirar en esos casos para otro lado, esa mayoría silenciosa que tanto gusta a algunos de nuestros políticos.
La corrupción, relacionada en la mayoría de los casos con el sector inmobiliario, es posiblemente la peor lacra a la que se ha enfrentado y seguirá enfrentándose todavía por mucho tiempo nuestra democracia.
La corrupción está detrás de la recalificación de terrenos, del trazado de autopistas, de la construcción de infraestructuras tan costosas como inútiles y de tantos y tantos atropellos urbanísticos y medioambientales.
Y es una de las causas principales, si no la más importante, del deterioro de nuestras instituciones y de la poca salud democrática que padecemos.
Ha habido y sigue habiendo en este país una malsana tolerancia hacia los políticos corruptos hasta el punto de que lo que sería imposible en otras partes -su reelección en las urnas-- ha sido aquí hasta hace poco moneda corriente y nada garantiza que no vuelva a repetirse porque la memoria es frágil y la moral muy laxa entre nosotros.
Una jurista -también una mujer-- que intervino en el programa radiofónico al que aludí al principio se lamentó de la falta de instrumentos legales para proteger debidamente a quienes denuncian casos de corrupción y sufren luego el cobarde acoso de los responsables e incluso campañas de difamación en medios a su servicio.
Son personas valientes que necesitarían especial protección porque es mucho lo que arriesgan, entre otras cosas su salud física y psíquica y la de las personas a las que tienen a su alrededor.
Pero no parece que interese demasiado a los partidos, al menos a ciertos partidos que se han beneficiado -y ¡hasta qué punto!-- de esas prácticas corruptas, adoptar las imprescindibles medidas legislativas para que actúe, si hace falta, la justicia.
Y no lo harán mientras que muchos, demasiados ciudadanos sigan mirando para otro lado y prefieran "no meterse en líos".
