"Ni comparto ni comprendo". Nosotros, sí

Pues lo cierto es que, después de ser autorizado por el presidente de su partido, el Sr. Feijóo decide anticipar las elecciones gallegas precisamente para ese mes de octubre. El motivo alegado es la apelación genérica a "los intereses de Galicia". No he sido capaz, ni yo ni cuantos he consultado, de localizar de modo siquiera indiciario en dónde se concreta el interés de esta tierra para el adelanto. Por el contrario, se me antojan tres motivos suficientemente nítidos para comprender la decisión del hoy candidato del Partido Popular y de su presidente nacional. En primer término, el deterioro electoral del Partido Popular en toda España, que alcanza, según las encuestas, cotas muy importantes y al que no puede ser ajeno el electorado gallego. En segundo lugar, la constatación empírica de que España -y por ende Galicia- va a necesitar más ajustes y sacrificios profundos debido a la imperiosidad de un rescate que se negaba desde Madrid y que abundaría en profundizar ese ya denso deterioro debido a incumplimientos de programa y errores de bulto. Y, por fin, la posible pérdida de la mayoría absoluta que ostenta en nuestra tierra, conseguida en 2009 por un solo diputado y por un puñado de votos diferenciales y en un entorno social radicalmente distinto al de hoy. Visualizo la preocupación por querer conservar su posición personal de poder, y en este escenario la irrupción de SCD, a pesar de su bisoñez, podría afectar de modo sensible, así que mejor imposibilitar o dificultar en extremo su posible presencia en el combate electoral gallego.

La decisión o el intento aparente del Sr. Rajoy de esperar al desenlace gallego para solicitar oficialmente el rescate de España, además de implicar prioridad de los intereses de clase y de partido sobre los del país que le eligió para gobernar, evidencia que los motivos del adelanto gallego se ajustan a mis suposiciones. Y, para colmo, la reacción del Sr. Feijóo en sus primeros compases de precampaña, con invectivas sobre mi humilde persona, me ratificaron en mi idea. Pero lo más llamativo, y por ello mismo ilustrativo, consistió en una respuesta que el candidato popular proporcionó a la pregunta formulada por un periodista en estos términos: "¿Qué le parece el proyecto político de Mario Conde?". La respuesta, como digo, se construyó con dos palabras: "Ni comparto ni comprendo".

La secuencia es decisiva porque refleja un modo de pensar que, como dijo en su día el socialista Jospin, se traduce en un modo de comportamiento. ¿Qué es lo que no comparte el Sr. Feijoo?. Pues no me queda más remedio que concluir que nuestro ideario. ¿Lo conoce? Se supone, porque de otro modo no podría rechazarlo. Y es que es muy antiguo porque, en lo que a mi respecta, nació públicamente en 1993, hace casi veinte años, en un discurso pronunciado en la Universidad Complutense de Madrid bajo el entonces aventurado y hoy casi manoseado título de 'Sociedad Civil y Poder Político'. Su esencia es lo que el Sr. Feijóo aparentemente no comparte.

Es decir, y en primer término, no comparte el deseo de la sociedad civil de recuperar sus derechos arrebatados por una clase política endogámica que maneja el poder con las características de una clase dominante alejada de la ciudadanía, diseñando para sí misma un estatuto jurídico compuesto de derechos y privilegios diferenciados de quienes les han concedido el acceso al poder. No comparte el deseo de que la democracia no sea simplemente el votar cada cuatro años y soportar decisiones para las que no fueron elegidos quienes las adoptan. No comparte el deseo de disponer de una Ley que permita de modo eficaz la participación ciudadana en las tareas públicas. No comparte la necesidad de evitar los abusos de la partidocracia y su derivados mediante la supresión de la financiación pública a partidos políticos, sindicatos y patronales. No comparte la necesidad de una reforma electoral que nos convierta a los españoles en iguales ante el voto con independencia de la parte de nuestro territorio en el que habitemos. No comparte la necesidad de exigir leyes que sancionen el abuso de los mandatarios públicos y que mínimamente los sometan a igualad de condiciones que las que sufren los empresarios que manejan sus propios dineros. No comparte la necesidad de liberar a la Justicia de la presión política actual que cercena de modo radical la posibilidad del indispensable atributo de su independencia subordinándola a la llamada Justicia del Príncipe. No comparte la necesidad de democratizar realmente la vida española mediante la implantación de un sistema electoral de listas abiertas y de mandatos imperativos. No comparte la necesidad de recomponer una clase política que nace, crece y se desarrolla en la esfera interna de su partido y que jamás ha sido capaz de demostrar nada efectivo en la vida civil y que, por ello mismo, siente la necesidad de perpetuarse en cargos públicos.

Podría seguir relatando los puntos de nuestro ideario que , al parecer, no son compartidos, pero no es necesario. En 1812, los Constituyentes de Cádiz pagaron con su vida su deseo de liberar a España del dominio de una familia. Curiosamente Galicia fue decisiva en ese movimiento. El articulo 2º de esa Constitución decía "para que la Nación española no sea ni vuelva ser jamás patrimonio de una familia". Se refería a la del indeseable Fernando VII. Desgraciadamente hoy en muchos aspectos España es propiedad de una familia: la política. Nuestro anhelo es que sea propiedad de todas las familias españolas. Quizás sea eso lo que algunos ni comparten ni comprenden. Nosotros por ello peleamos. Hoy como ayer, doscientos años después.