La zona euro se comprometió el pasado jueves a trazar un plan general para recapitalizar sus bancos, amañar, que no resolver, la crisis de la deuda y reforzar los fondos de rescate, si el Constitucional alemán no dice otra cosa. Que nadie eche las campanas al vuelo, el crédito seguirá sin fluir –bajó el 3% en los últimos doce meses- y la prima de riesgo de la deuda española volverá a alcanzar un máximo antes de que cante el gallo.
Conviene saber, no obstante, que la exasperante lentitud y aparente pusilanimidad de los políticos europeos para tomar decisiones cuya urgencia es tan crucial como su calado nace del enfrentamiento de tres concepciones que -con mayor o menor arraigo, intereses nacionales aparte- compiten por el dominio político-ideológico. En este sentido, Guillermo de la Dehesa presenta un panorama clarificador del coste de las dilaciones y desaciertos en "Eurozone design and management failures" (Vox, 18 mayo)
Los liberales consideran que cada Estado es responsable de sus propios errores y que cada agente económico –sea inversor o consumidor, banco o familia- debe asumir las consecuencias de las decisiones que, para bien o para mal, ha tomado. Según este enfoque, en caso de crisis hay que dejar al FMI, institución especializada exterior a Europa, gestionar el ajuste de forma imparcial.
Otra concepción insiste en que no se puede tener una moneda única sin una coordinación/centralización estrecha de políticas económicas apoyadas en mecanismos federales, que pueden extenderse desde un impuesto común -con el fin de poner en marcha estabilizadores contracíclicos- hasta la designación de un Ministro de finanzas de la zona euro capacitado para imponer su veto a una decisión de política económica nacional. Los defensores de la solución federal argumentan que la situación de las finanzas públicas agregadas en la zona euro (4% de déficit previsto para el 2011) es mucho mejor que la de EE.UU (déficit del 10%).
El tercer enfoque, el preferido por la Administración norteamericana, aboga por fortalecer la solvencia de las instituciones financieras europeas para reducir el riesgo de crisis sistémica.
Lo que ha salido finalmente de la reunión de los dirigentes europeos es un coctel -más o menos bien dosificado, según gustos- de los anteriores ingredientes. Aunque algunos analistas deslizan tímidamente que se ha dado un paso hacia el federalismo lo cierto es que –vista la gravedad de la situación- el resultado ha sido asaz modesto teniendo en cuenta que para implementar las medidas adoptadas –cuyas modalidades deberán concretarse en noviembre- habrá que contar con la ayuda de países emergentes, con la inevitable China en cabeza, y de EE.UU via FMI.
A nadie se le escapa que fue la secretaria general del FMI, Christine Lagarde, quien lanzó a finales de agosto la idea, por no decir la orden, de asegurar la solvencia de los bancos europeos obligándolos a dotarse de más core capital. Lo curioso es que si el diagnóstico de Lagarde estaba en un principio desenfocado acabó correspondiendo a la realidad. Los bancos sufrían en ese momento problemas de liquidez -cómo asegurar la tesorería del día a día- y la secretaria del FMI proponía reforzar la solvencia (garantizar que, en caso de recesión, pudiesen soportar nuevas pérdidas sin quebrar). Pero poco después de la propuesta de Lagarde se constató que era la falta de confianza en la solvencia de los bancos -temor a que no tuviesen suficiente capital para hacer frente a una devaluación o quita de la deuda soberana que poseían- lo que causaba los problemas de liquidez.
Ahora bien, como consecuencia del notorio fracaso en que incurrió la Autoridad Bancaria Europea en sus pruebas de resistencia del mes de julio, véase el caso Dexia, se cernía sobre España el riesgo de que impusiese quitas injustificadas a deudas como la nuestra, que no encara, de momento, graves problemas de solvencia. Ello hubiera constituido una decisión política arbitraria, gravísimamente penalizadora para las entidades españolas –principales tenedoras de la deuda pública- a pesar de que estos activos son sin lugar a dudas de mayor calidad que los griegos. Una depreciación importante en la cartera de bonos españoles (bancos y cajas acumulan más de 222.000 millones de euros en títulos del Tesoro) hubiese tenido un impacto demoledor para el sistema financiero español toda vez que hubiera habido que adicionarle además las exigencias de core capital, en las que no se computan las provisiones por quita, que al parecer serán finalmente viables, del orden del 2% ó el 3%.
Sin embargo, el caso español engloba factores específicos que aconsejaban la capitalización de algunas entidades. De hecho, son proporcionalmente las más castigadas al obligarlas a asumir el 25% de la recapitalización total europea, suponiendo que sean suficientes los 108.000 millones previstos y no los 300.000 millones que estima Goldman Sachs. Desgraciadamente, lo que se gane en solvencia se perderá, en el corto/medio plazo, en fluidez crediticia.
Uno de los factores a tener en cuenta es la morosidad que golpea al sistema financiero, el 7% sobre un saldo vivo de 1,78 billones de euros. Otro factor es que la banca española necesita 100.000 millones no tanto por su exposición a la deuda soberana como al ladrillo (180.000 millones de exposición potencialmente problemática, sector promotor y constructor, solo parcialmente provisionada). Y también existe gran preocupación por el problema de financiación. Falta de liquidez que se explica por la diferencia entre créditos y depósitos, 556.000 millones de euros hasta agosto. Para financiar el enorme desfase hay que recurrir en parte a los mercados, los cuales se muestran reticentes habida cuenta que desconfían de la solvencia de los bancos.
En los bancos no están de acuerdo con la propuesta de capitalización –una ratio estimada de fondos propios del 9% para julio- pues les obliga a poner más dinero o diluir el poder de los consejos con la llegada de nuevos inversores. En consecuencia, buscarán otras soluciones. Por ejemplo, la reducción de actividades (el capital se calcula sobre el total de actividades ponderadas por riesgo). Y esto es lo que pretende Bruselas (y EE.UU): al reducir la talla del balance (y los créditos) el riesgo que hacen correr al resto de la economía disminuye. Empero, si además para reducir el desfase entre depósitos y créditos hay que llevar a cabo un adelgazamiento de los balances ello impone más racionamiento del crédito. Pero, ay, la contracción del crédito perjudicará aún más la ratio de morosidad.
Mire por donde se mire solo cabe una solución: que el Estado se las ingenie para deslastrar a la banca del ladrillo. Es la única manera de relanzar el crédito y de consuno la actividad económica que a su vez frenará la morosidad.
