Urbanismo, poder local y corrupción

Alfonso Villagómez, magistrado del TSXG

 09:00  

En una esquina del norte de la costa gallega, tres alcaldes son detenidos y la noticia abre las páginas de los periódicos y los informativos audiovisuales. Sin embargo, la corrupción vinculada a presuntas prácticas delictivas en materia de ordenación del territorio y urbanismo han adquirido en los últimos años en España unas dimensiones desproporcionadas. Los expertos afirman que lo que sale a la luz es un porcentaje ínfimo del total de casos que se estarían dando en toda la geografía española. Solo hay que analizar por encima todas aquellas recalificaciones o proyectos urbanísticos que hayan adquirido una cierta dimensión para identificar condiciones en las que los privilegios, favoritismos, tráficos de influencias, comisiones, etc...se perciben para explicar posturas políticas que no casan con la coherencia de una ordenación racionsl o la defensa de los intereses generales de los ciudadanos.

Hace unos años el diario británico The Guardian alarmaba a toda Europa con detalles sobre la entidad que la corrupción urbanística estaba alcanzando en nuestro país, en especial a lo largo de la extensa franja costera. No hace falta recordar los casos de Marbella, en los que llegó a extenderse de tal forma que prácticamente implicó a casi todos los estamentos del poder local. Pueblos con millares de viviendas construidas ilegalmente, facturas falsas en grandes proyectos para el esparcimiento colectivo construidos con el dinero y el aval público, y privilegios y tratos de favor investigados en manos de los jueces o de la fiscalía anticorrupción. El poder local se ha convertido en un apetitoso plato de intereses urbanísticos. La lucha por llevarse a la boca el mayor trozo de la tarta es encarnizada entre promotores, agentes, constructores, y demás "protagonistas" del proceso urbanizador. El descenso de las ventas inmobiliarias por efectos de la crisis económica ha provocado que los tipos de interés también cambien y que vender sea más difícil. Pero, las promesas de algunos y las expectativas de otros esperan la llegada de mejores tiempos para poder cumplirse. Los conocedores de favores no aceptan fácilmente segundos platos vacíos. Todo podría ser posible conforme las elecciones municipales se acercan y la posibilidad de algunos cambios políticos también.

Aunque los cambios más eficaces para intentar acabar con todo este desolador paisaje, quizá vayan a seguir entre las musas de las medidas de los expertos sin pasar al teatro operativo de la legislación vigente.

La entidad de los escándalos y de las evidencias contrasta con la pasividad de las instituciones y la incapacidad de la justicia, torpedeada en ocasiones por los propios poderes públicos. En muchos casos, aunque la evidencia es clamorosa, los partidos cierran filas y protegen a los implicados imputados judicialmente. Negar, descalificar al adversario y mirar a otra parte son las recetas políticas aplicadas con cierta generalidad en la mayoría de los casos.

La Comunidad Valenciana -cuyo modelo urbanístico ha sido denunciado y cuestionado en Europa-, Murcia, Andalucía, Madrid, Cataluña, ambas Castillas, y ahora Galicia, tienen casos que desvelan la entidad y extensión de las tramas de corrupción urbanística en España. La alarma social está llegando a adquirir tales proporciones que, como primera medida, habría que imponer una "tolerancia cero" a la corrupción.

Más adelante, y con el sosiego y el estudio necesarios, habría que replantearse el esquema competencial en materia urbanística, en el sentido claro y decidido de sustraer dicha materia del ámbito de los poderes locales para depositarla en manos firmes de las comunidades autónomas y del propio Estado. No siempre, como este caso paradigmáticamente demuestra, la proximidad del ejercicio de la competencia al poder es lo más adecuado para la salud de nuestra democracia.

 

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