La legislatura que debe permitir a Galicia dejar la crisis atrás

Editorial

 

Galicia estrena Gobierno. Hace apenas 24 horas que Alberto Núñez Feijóo ha tomado posesión como quinto presidente de la Xunta y en las próximas horas, probablemente hoy mismo, anunciará la composición de su Gabinete. El perfil que elija para sus diez conselleiros ayudará a hacerse una idea cabal sobre la política y el talante que impregnarán su acción de gobierno. Pero si algo ha quedado aún más claro tras el debate de investidura es que será una legislatura marcada por la crisis económica.

En su exposición ante el Parlamento Feijóo no sólo renunció a enmascarar la gravedad de la situación económica del país sino que incluso previno de un empeoramiento durante los próximos meses. Y sobre ese planteamiento justificó su llamamiento al diálogo, tanto con la oposición como con los agentes sociales, y sus primeros anuncios concretos en política económica, desde el reajuste presupuestario de este mismo ejercicio hasta la rebaja fiscal, pasando por la recuperación del Plan Galicia o la reforma de la Ley de Cajas.

Es cierto que sus intervenciones se movieron fundamentalmente en un terreno genérico, como suele ocurrir en este tipo de debates, por más que él resaltase haber lanzado hasta 174 propuestas concretas, pero también lo es que la respuesta de los portavoces de la oposición navegó por los lugares comunes y los estereotipos habituales en las sesiones de investidura. El hecho de que ni PSdeG ni Bloque tuviesen en la tribuna de oradores a sus derrotados candidatos en las pasadas elecciones contribuyó sin duda a que la voz de la nueva oposición resultase por momentos estridente. Sobre la mesa del Parlamento gallego ha quedado, en cualquier caso, una oferta concreta para consensuar cinco aspectos esenciales para el desarrollo de la comunidad. El tiempo desvelará el grado de sinceridad de la oferta del presidente y la disposición de la oposición a recoger el guante.

La llegada de Feijóo a la presidencia de la Xunta ha coincidido con la remodelación del Gobierno central y la incorporación al mismo del lucense José Blanco, al frente del todopoderoso Ministerio de Fomento, del cual dependen las grandes infraestructuras pendientes en Galicia. Uno y otro han mostrado en sus primeras declaraciones públicas un tono conciliador y una clara disposición al diálogo. El mismo espíritu ha mostrado hacia la nueva Xunta el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el dirigente socialista con más peso institucional en Galicia y, por tanto, referencia ineludible del PSdeG en la comunidad, al aplaudir el anuncio de Feijóo de impulsar el área metropolitana y dotar a la principal y más poblada ciudad de Galicia de una “superdelegación” autonómica acorde con la enorme aportación de la urbe a la economía del país. Todos ellos son gestos esperanzadores porque, como hemos dicho en este mismo espacio editorial, el resultado de los comicios del 1-M impone en Galicia una cohabitación política que, de no afrontarse con altura de miras, puede bloquear el desarrollo de la comunidad en un momento crucial de su historia.

El relevo en la Xunta y la remodelación del Gobierno central han traído consigo una nueva polémica en torno a la fecha de llegada del AVE a Galicia. Dejando al margen alguna postura esperpéntica, como el inesperado papel opositor de sí mismos adoptado por altos cargos socialistas de la Xunta saliente, lo verdaderamente significativo es la disposición del nuevo responsable de Fomento a pactar inversiones y calendarios con la nueva administración autonómica y su anuncio de que dirá a los gallegos la verdad sobre el estado de las obras. Por supuesto que Galicia debe saber la verdad sobre una infraestructura vital como ésa. Pero no es suficiente. Lo que los gallegos demandan, además de la verdad, es máxima celeridad en la llegada de la alta velocidad y el compromiso firme de que no se perderá ni un euro del dinero prometido, e incluso presupuestado, y hasta ahora no invertido. Y, por supuesto, en ese calendario es inexcusable incluir la línea directa a Vigo, haciendo coincidir su llegada a la ciudad con el momento en que lo haga al resto de Galicia, tal y como han prometido nuestras autoridades.

La materialización del AVE a Galicia puede ser, además de una gran obra, todo un símbolo de la determinación de las distintas administraciones por trabajar juntas en beneficio de Galicia. Porque tan ridículo sería pensar que el compromiso del Gobierno central con una autonomía depende del origen de sus ministros como ingenuo desaprovechar la presencia en el Ejecutivo de Zapatero de cuatro ministros gallegos, dos de ellos en puestos tan relevantes como el ministerio de Fomento, el de mayor capacidad inversora, y la vicepresidencia económica, al fin y al cabo la que tiene que autorizar los gastos.

Este es el escenario en el que arranca la octava legislatura de autogobierno para Galicia. Una legislatura marcada por una crisis económica que, en función de cómo la afronten los líderes políticos, determinará también sin duda el juicio futuro que reciban de los electores.

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