A partir de la idea de que doctores tiene la santa madre iglesia jurídica que sabrán responder a la cuestión de si la huelga de jueces se ajusta o no a Derecho -y de la seguridad de que habrán de reunirse en cónclave para resolverla- quizá convengan sus señorías en que, además, no les queda más remedio que afrontar otro asunto clave: el de su oportunidad. Y en este hay aún más dudas que en el primero, que se agigantan si a la vez se añade una tercera reflexión acerca de la popularidad de la medida.
Parece claro que el eje central de las reclamaciones judiciales no sólo está legitimado, sino que difícilmente se le podría calificar como corporativo o excluyente: que la Justicia tenga los medios técnicos y personales que necesita es básico para que funcione el Estado de Derecho, y éste, a su vez, resulta pilar indiscutible de la convivencia. Por tanto, reclamar lo que le corresponde para trabajar bien no sólo es un derecho, sino una obligación que ha tardado demasiado en ejercitarse. Y en ese sentido, bien por los que advierten con la movilización.
Claro que como es difícil hallar algo que no sea perfectible, la movida -con perdón- judicial tiene un vicio de origen que cuestiona su oportunidad y que le resta popularidad: el hecho de que haya surgido a raíz del caso de la niña de Huelva, en el que se diga lo que se quiera los hechos, resumidos, son que una criatura fue asesinada por alguien que debería haber estado en la cárcel y que no lo estaba porque un juzgado no se percató. Y eso, que se puede explicar, tiene difícil justificación, sobre todo desde posturas que, estas sí, parecen corporativas. Y quien lo dude que compare la sanción al juez con la de la secretaria.
La oportunidad es, pues, dudosa -y más aún si se le añaden reclamaciones salariales, por legítimas y antiguas que sean- y la popularidad también. Y este último aspecto, que quizá preocupa menos a los jueces, debiera sin embargo merecer mayor atención porque resta credibilidad a cuanto de justo hay en sus exigencias y, sobre todo da munición al Gobierno para desgastar al colectivo judicial incluso en lo que poco o nada tiene de corporativo. Y_parece inaceptable que sea precisamente quienes más culpa global tienen en el desaguisado los que puedan salir mejor librado, que son el ministro de Justicia y su jefe directo el señor Rodríguez Zapatero.
Sea como fuere, hay algo que a estas alturas está bastante claro: que el sistema judicial español es manifiestamente mejorable y que algunos de sus defectos parecen subsanables de inmediato con el remedio de sir Winston Churchill para ganar las guerras: aparte de razón, dinero y dinero. Siempre que se tenga voluntad, por supuesto, pero eso no está claro, quizá porque la Justicia da menos votos que el hormigón.
¿Eh...?
