Como todos los años por estas fechas, aunque con mayor solemnidad (se cumplían treinta años desde su promulgación), se reunió en Madrid la clase política para conmemorar el aniversario de la constitución de 1978. Hubo elogios generalizados a los efectos beneficiosos del texto sobre la convivencia nacional y se apuntaron de nuevo algunos aspectos a reformar. Especialmente el de equiparar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la sucesión de la Corona, el de poner límites a las competencias de las comunidades autónomas, y el de convertir el Senado en una cámara de auténtica representación territorial. De cambiar la forma del Estado no se oyó casi nada, excepto al Partido Comunista, formación extraparlamentaria que se postuló a favor de la República. En un artículo dedicado a este asunto por un importante periódico nacional pude leer este sumario inquietante: "Es hora de hacer desaparecer de la Constitución esas antiguallas de la monarquía". Leí con cierta avidez la letra pequeña pero el autor no postulaba la inminente desaparición de la institución monárquica (que deja madurando hacia el futuro) sino a ciertos aspectos de su desempeño, que considera desfasados. Como la libre administración por el monarca del dinero que le asignan los presupuestos del Estado a la Casa Real, y como la facultad de desheredar a los descendientes que contraigan matrimonio contra su expresa prohibición de hacerlo. No hay constancia oficial de que el rey Juan Carlos haya tenido nunca la tentación de ejercer esa prerrogativa, pese a que se insinuó en la prensa española que en un primer momento no parecía estar muy de acuerdo con la elección que libremente había hecho el príncipe heredero (y su esposa claro, porque son dos los que eligen y han de prestarse consentimiento recíprocamente). El articulista no alude a esa cuestión pero plantea la hipótesis de una boda real entre homosexuales, dado que la ley española lo permite. Y califica tal posibilidad de "muy sugestiva". En cualquier caso, tal eventualidad no tiene visos de prosperar durante mucho tiempo porque el Príncipe está felizmente casado, sus inclinaciones sexuales parecen bien definidas, y el matrimonio, de momento, sólo tiene dos hijas pequeñas. En cuanto a las bondades del texto constitucional, entiendo que quienes la redactaron hablen maravillas de él (¿qué padre habla mal de sus hijos?), pero un análisis frío de su articulado nos ha de llevar a la conclusión de que se trata de una ley ambigua que permite esto y lo contrario, aunque con clara vocación a vaciar de contenido el Estado en beneficio de intereses privados. Es decir que, lo mismo que se proclama la existencia de unos medios de comunicación públicos e independientes del gobierno se permite que desaparezcan. Y de la misma forma que se garantiza una sanidad pública y gratuita se abre la puerta a la privatización del sistema. Algunos especialistas han señalado que la Constitución española es la única de Europa que autoriza al gobierno a vender a intereses extranjeros sectores estratégicos de la economía nacional, sin autorización del Parlamento. Estos días pasados hemos podido ver las consecuencias de algunas de esas enajenaciones arbitrarias con los casos de Autopistas del Atlántico y con el intento de una empresa rusa de adquirir acciones de la privatizada Repsol. Cambiar ese articulado es una "posibilidad sugestiva" de la que no se habla.