De modo que, resuelto con éxito lo principal, que era devolver a sus casas, sanos y salvos, a los tripulantes del pesquero secuestrado en aguas somalís, y una vez que se digiera la experiencia y se analicen a fondo sus datos por quienes deben, que son las autoridades españolas, procederá dar el siguiente paso e insistir en algunos de los aspectos de los que en estos días se ha hablado. Sobre todo uno: el del necesario refuerzo de la seguridad en el mar para todos aquellos que en ese medio trabajan y también para todos los demás. Por cierto.
Naturalmente no se trata sólo de acabar con los piratas, que también, sino de reflexionar en a fondo sobre la situación actual, sus reglas y el grado de cumplimiento, así como la disposición de la comunidad internacional a hacer que se respeten. O sea, comprobar hasta qué punto existe voluntad política de supeditar los intereses mercantiles nacionales a otros de condición más abstracta y global pero que, a medio largo plazo, sustentan el conjunto. La seguridad de las personas y del comercio y tráfico marítimos es uno de ellos, por supuesto.
En ese marco es preciso establecer las prioridades y no mezclar unas cosas con otras. Por ejemplo, abriendo un debate acerca de si hay que dialogar o no con los piratas y pagar o no un rescate por sus secuestrados. Parece evidente que ni el perfil, ni la situación, tiene que ver con otros fines que el económico ni relación con la violencia terrorista al uso y por tanto la táctica a emplear es distinta. Lo peor que podría hacerse ahora sería discutir al ibérico modo sobre si hay que pagar o no, y si el Estado de Derecho debiera prohibirlo o disimularlo.
Dicho eso conviene añadir que sería un error tremendo también considerar que el éxito final lo arregla todo y retomar la vieja costumbre de olvidar lo ocurrido hasta la próxima vez. Se ha hablado de la táctica a emplear cuando sucede, pero es necesario elaborar una estrategia que contemple la hipótesis de los secuestros y la reacción frente a ellos, aunque sin excluir, como se dijo ya, un eficaz modo de hacer cumplir las normas del Derecho Marítimo Internacional también en materia de defensa del medio ambiente, de las reglas de navegación o los seguros de daños a los barcos. Por ejemplo.
Es evidente que esa estrategia, y su aplicación, no pueden asumirse desde otras instancias que las internacionales y -conviene repetirlo- desde una voluntad real de anteponer los derechos de todos a los de unos pocos. Algo mucho más fácil de decir que de hacer, por otra parte: ahí está el ejemplo de la UE y su teórica unidad de acción tras el Erika y el Prestige pero con unos cuantos de sus miembros haciendo lo que pueden para proteger más o menos de tapadillo a las compañías de seguros, o de fletes, o a algunos armadores muy poco escrupulosos con las banderas de conveniencia. Verbigratia.
